El pasado lunes 14 de junio se iba a llevar a cabo un desahucio en una vivienda de Platja d’en Bossa, pero quedó anulado por un error del juzgado de Primera Instancia número 4 de Ibiza, que no asignó a la okupa un abogado y procurador de oficio, tal y como ella solicitó en julio de 2020.
El documento correspondiente se traspapeló y no ha aparecido hasta ahora, por lo que el proceso de desalojo debe volver a comenzar, con todo el tiempo perdido que supone para la propietaria, M.G, y su abogada. La vivienda fue okupada en marzo de 2019, cuando la demandada cambió la cerradura. Al poco tiempo, M.G. interpuso la demanda de desahucio.
Así, el pasado 9 de junio, cinco días antes del lanzamiento previsto, dicho juzgado emitió una resolución en la que informaba de este cambio: «Se notificó a este Juzgado designa de abogado y procuradora de oficio por el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, sin que tal designa se proveyera con el debido traslado de copias de lo actuado a la dirección letrada de la demandada», se explica en la propia resolución judicial.
De esta manera, el juzgado privó a la okupa de su derecho a contestar a la demanda, fue declarada en rebeldía en septiembre de 2020 y se dictó sentencia resolutoria en febrero de 2021. Hasta ahora, cuando se ha anulado el desalojo. La abogada de la propietaria señala que este fallo de la Justicia no se puede castigar jurídicamente, por lo que solo les queda «protestar» pero sin evitar que el proceso deba volver a comenzar.
Lamenta que esto le haya sucedido a su clienta, en una situación «especialmente vulnerable», ya que se ve obligada a vivir en el bar del que es propietaria. Antes tenía otro piso, pero lo vendió por necesidades económicas. Uno de sus hijos, menor de edad, vive en la península con un familiar, y la madre había planeado que volviera a la isla para poder comenzar a vivir con él en el piso, que se encuentra repleto de trastos en el exterior.
La okupa también está denunciada por la falsificación de un contrato de alquiler. La propietaria muestra su incertidumbre: «Podría estar viviendo allí y alquilar habitaciones para pagar la hipoteca y todo, pero ahora se me está acumulando todo y el banco va a ir a por mí por culpa de esta persona, que no me deja solucionar mis problemas».
La letrada también explica que M.G. llamó al Ayuntamiento de Sant Josep para pedir información acerca del certificado de vulnerabilidad que se otorga personas en situación precaria: «La propietaria lo pidió y le dijeron que solamente se concede a los inquilinos». Sin embargo, M.G. está empadronada en Vila, y el Consistorio de Sant Josep señala que estas ayudas se conceden a los ciudadanos de su municipio, por lo que no tienen competencias para actuar en este caso. Es por ello que ahora la propietaria afectada ha pasado a ser atendida por el Ayuntamiento de Ibiza, en busca de una solución lo más rápida posible que le permita vivir pronto con su hijo en un entorno adecuado.
