Los usuarios del centro de día de Can Raspalls, en Sant Jordi, no pueden disponer de este servicio desde el pasado jueves, 24 de junio, cuando se tuvieron que cerrar las instalaciones tras haber dado positivo en coronavirus una de sus trabajadoras, que había decidido no vacunarse. Lo confirmó ayer la consellera balear de Bienestar Social, Fina Santiago, tras denunciar la situación miembros de la asociación de familiares de personas con discapacidad Sa Colometa.
El servicio, según explicó la consellera, «estará clausurado diez días», tiempo en el que sus usuarios, «cerca de una veintena», tendrán que permanecer en cuarentena en sus domicilios. «El protocolo establece que cuando en un centro de estas características se detecta el virus, se debe cerrar porque todos los contactos se consideran estrechos», afirmó Santiago, antes de aclarar que el cierre no afecta a la residencia de Can Raspalls. En los próximos días, detalló, se harán PCR a todos los usuarios y trabajadores, que permanecen aislados en sus casas, para comprobar si se han producido contagios.
En la residencia y centro de día de Can Raspalls cerca del 97% de sus usuarios están inmunizados con la vacuna, pero en el caso de los trabajadores el 26 por ciento se ha negado a vacunarse contra el covid, aunque, como recordó la consellera de Bienestar Social, «se les ha ofrecido esta posibilidad desde el pasado mes diciembre».
En la residencia y centro de día de Can Raspalls cerca del 97 por ciento de sus usuarios están inmunizados con la vacuna
Desde Sa Colometa lamentaron la «irresponsabilidad» de la profesional contagiada por no vacunarse, a pesar de estar al cuidado de grandes dependientes y personas de alto riesgo. Asimismo, desde la asociación criticaron que la conselleria balear de Salud no haya tomado cartas en el asunto «retirando del contacto directo con los usuarios a aquellos profesionales que han rechazado ponerse la vacuna». «Reclamamos que desde el Govern se extremen las medidas para que no vuelva a pasar esto», insistieron.
Por su parte, Fina Santiago aseguró que desde la conselleria «no se puede hacer nada ante la negativa de un trabajador a vacunarse». «Ahí está el debate en los colectivos de alto riesgo, la persona está en su derecho a no vacunarse, que se le respeta y es legítimo, pero su decisión, si se contagia de coronavirus, trae consecuencias negativas y afecta a los derechos que tienen los usuarios, que no pueden, por este motivo, disponer de los servicios del centro, lo que genera también problemática en sus familiares», señaló.
