Josep Marí Ribas, Agustinet, anterior alcalde de Sant Josep, «quiso quemarse a lo bonzo». Políticamente hablando, claro. Desesperado por cómo se desarrollaba el caso de las viviendas del edificio Don Pepe -el Ayuntamiento dispone de un informe que advierte de que está «al final de sus días» y hay «un riesgo para la salud y la vida» de sus inquilinos-, el actual conseller balear de Movilidad y Vivienda propuso tomar una decisión drástica, tan grave que acabaría con su vida política por prevaricar: «Un día llegué aquí, al Consistorio, y el anterior alcalde [Josep Marí Ribas] quería firmar un decreto, él solo y sin ningún tipo de informe, para conceder la licencia [para la rehabilitación del edificio Don Pepe] y al día siguiente presentar su dimisión. Se iba a quemar a lo bonzo». Lo contó ayer el actual alcalde, Ángel Luis Guerrero (edil de Urbanismo cuando tuvo lugar lo contado en ese relato), durante el debate en pleno de sendas mociones presentadas por Vox y PP para hallar soluciones a la situación que viven los residentes en esos apartamentos, situados en es Codolar.
Agustinet reconoció ayer a este diario que lo llegó a proponer «durante una tormenta de ideas, pero no de manera seria». Estaba « desesperado» porque no veía salida legal a este asunto. Pero no dejó de ser, asegura, una especie de pataleta, pues era consciente de que su sacrificio sería estéril y que incurriría en prevaricación, por no poderse otorgar ese permiso a un edificio fuera de ordenación y sin licencia. Guerrero lo puso ayer como ejemplo de que «el Ayuntamiento ha intentado buscar todas las alternativas. Se ha llegado incluso al nivel de la locura personal», dijo en referencia a aquella virtual inmolación política.
El pleno rechazó las mociones del PP y de Vox. La del PP proponía que el Consistorio buscara todas las alternativas posibles para poder dar licencia de reparación al Don Pepe, así como instar al Govern a realizar las modificaciones legislativas o normativas necesarias para poder dar solución al problema de las 100 familias que residen en esos edificios. Vox quería instar a las conselleries baleares de Medio Ambiente y Asuntos Sociales a destinar fondos para el pago «digno de las viviendas afectadas», para que sus propietarios puedan así «tener una salida digna».
El alcalde contó durante el pleno que, en esa «búsqueda de todas las alternativas» para dar solución al problema del Don Pepe, incluso estudiaron «ceder un terreno a los propietarios, recalificarlo como urbano y que, en modo cooperativa, construyeran un edificio plurifamiliar». «Pero -confesó- eso no es posible legalmente».
Incluso estudiaron «ceder un terreno a los propietarios, recalificarlo como urbano y que, en modo cooperativa, construyeran un edificio plurifamiliar»
Guerrero aprovechó la ocasión para recordar que la responsabilidad sobre los Don Pepe se remonta a 1964, con su construcción, y continúa hasta estas dos últimas décadas, incluso cuando Javier Marí, portavoz del PP actualmente, era edil de Urbanismo: «En septiembre de 2013, usted, Javier Marí, traslada un informe en el que se indica que no se puede acreditar la legalidad de esos dos edificios. Usted firmó en diciembre de 2013 un permiso para esa obra [cambiar las ventanas del edificio Don Pepe] sin contar con informe jurídico. Es loable lo que quiso hacer por esas personas. Usted intentó ayudarles para que pudieran poner unas ventanas». Según el alcalde, «concedió esa licencia con un solo informe (que sólo habla de la ley de Costas) de un arquitecto técnico, sin ningún tipo de informe jurídico y con una administrativa como secretaria de la casa [Ayuntamiento]».
Las confesiones del alcalde durante el pleno no estuvieron exentas de reproches a la oposición: «Desde el 30 de mayo, cuando se lo comuniqué [la orden de desalojo del Don Pepe por riesgo de derrumbe] al presidente [Vicent Marí], nadie del Consell ha llamado al Ayuntamiento para ofrecer ayuda o interesarse en qué pueden ayudar. Ni Servicios Sociales, ni Economía, ni Medio Ambiente… nadie. Sólo me ha llamado Rafa Ruiz [alcalde de Ibiza] por si necesitábamos apoyo de sus servicios sociales».
«Llevamos tres semanas -añadió- esperando a que el presidente del Consell tenga a bien llamarnos. No es cuestión de dignidad, sino de ética». Y del propio Consistorio, «el único que se ha interesado por esto es el señor [Daniel] Becerra. Nadie más ha llamado, nadie ha tenido la dignidad o las ganas de saber en qué punto se está». Precisamente, Becerra señaló que Agustinet, más que «llegar al nivel de locura, optó por la espantada. Y dejarle a usted, alcalde, la patata caliente».
