El Ayuntamiento de Santa Eulària ha constatado diversas irregularidades urbanísticas en una vivienda gracias a una autorización judicial para acceder a la misma, después de que el dueño impidiese el acceso a los técnicos municipales y la Policía Local en diferentes ocasiones desde 2018. Se trata de un recurso poco habitual al que ha recurrido «ante la voluntad del dueño de obstaculizar la acción inspectora», dice el Consistorio. Este mismo procedimiento se solicitará en otros cuatro casos «si los titulares de las viviendas no aceptan el requerimiento por escrito que se les remitirá después de haber pedido permiso infructuosamente en múltiples ocasiones para entrar», añade el gobierno municipal.
La decisión del Consistorio de pedir amparo judicial se ha adoptado, indican, «para combatir la realización de obras ilegales, algunas de las cuales podrían tener como objetivo adaptar espacios de las casas para la realización de fiestas u otras actividades ilegales». Esta voluntad de la propiedad de obstaculizar la labor inspectora «será tenida en cuenta a la hora de fijar la cuantía de las multas que se puedan imponer si se constatan irregularidades».
La primera de las peticiones de este tipo ha sido autorizada y ya se ha producido la inspección por parte del celador de Obras. Se trata, detallan, de una vivienda ubicada en la calle Joaquín Gomis, denunciada por los vecinos desde 2018.
La solicitud al juzgado se cursó en julio de 2020, después de que en noviembre de 2018 se registrara la primera denuncia por parte de la propiedad de una parcela colindante. Ese mismo mes, señalan, «la denuncia llegó a los servicios técnicos, que intentaron realizar una inspección de la vivienda sin que se permitiera el acceso». «En numerosas ocasiones se intentó contactar con la propiedad para acordar una inspección voluntaria, siendo todos estos intentos infructuosos».
Obstaculizar la labor inspectora
El Ayuntamiento explica que «en julio de 2019 ya se hizo un escrito en que se informaba al propietario de que, si no concertaba una visita, estaría incurriendo en una infracción grave de la Ley 12/2017 de Urbanismo por obstaculizar la actividad inspectora del Ayuntamiento».
«Un supuesto representante de la propiedad afirmó que el propietario no podía acudir en verano a franquear el acceso por lo que pedía el aplazamiento del permiso». Al firmante de este escrito, indican, se le pidió que acreditara su representación de la propiedad, «algo que en julio del año pasado no había hecho. Tampoco se había producido ningún contacto para concertar una inspección voluntaria» fuera del verano, por lo que «se optó por pedir al juzgado la entrada en la vivienda», relata la nota.
«Hace pocas semanas llegó la autorización del juzgado y (...)en la primera quincena de junio un celador pudo acceder a (...) la casa unifamiliar en la que se ha podido constatar que se había ejecutado una piscina sin licencia, reconvertido un garaje en vivienda y se trabajos de reforma interior».
En el expediente «se procederá a realizar una valoración de los trabajos, cantidad que se tomará como referencia para fijar la multa, además de la obligación de deshacer los trabajos y asumir los costes de la tramitación judicial».
