El Ayuntamiento de Santa Eulària ha conseguido constatar diversas irregularidades urbanísticas en una vivienda gracias a una autorización judicial para acceder a la misma, después de que el propietario impidiese el acceso a los técnicos municipales y la Policía Local en diferentes ocasiones desde 2018. Se trata de un recurso poco habitual al que ha recurrido el Ayuntamiento ante la voluntad del dueño de obstaculizar la acción inspectora. Este mismo procedimiento se solicitará en otros cuatro casos si los titulares de las viviendas afectadas no aceptan el requerimiento por escrito que se les remitirá después de haber pedido permiso infructuosamente en múltiples ocasiones para entrar en sus propiedades, según ha informado el gobierno municipal
La decisión del Consistorio de pedir amparo judicial se ha adoptado para poder combatir la realización de obras ilegales, algunas de las cuales podrían tener como objetivo adaptar espacios de las casas para la realización de fiestas u otras actividades ilegales. Esta voluntad de la propiedad de obstaculizar la labor inspectora será tenida en cuenta a la hora de fijar la cuantía de las multas que se puedan imponer si se constatan irregularidades.
La primera de las peticiones de este tipo que ha formulado el Consistorio ha sido autorizada y ya se ha producido la inspección por parte del celador de Obras. Se trata de una vivienda ubicada en la calle Joaquín Gomis, denunciada por los vecinos desde 2018.
Un año
La solicitud al juzgado se cursó en julio del año pasado, después de que en noviembre de 2018 se registrara la primera denuncia por parte de la propiedad de una parcela colindante. Ese mismo mes la denuncia llegó a los servicios técnicos municipales, que intentaron realizar una inspección de la vivienda sin que se permitiera el acceso. En numerosas ocasiones se intentó contactar con la propiedad para acordar una inspección voluntaria, siendo todos estos intentos infructuosos.
El Ayuntamiento explica que en julio de 2019 ya se hizo un escrito en que se informaba al propietario de que, si no concertaba una visita, estaría incurriendo en una infracción grave de la Ley 12/2017 de Urbanismo por obstaculizar la actividad inspectora del Ayuntamiento. Un supuesto representante de la propiedad afirmó que el propietario no podía acudir en verano a franquear el acceso por lo que pedía el aplazamiento del permiso. Al firmante de este escrito se le pidió que acreditara su representación de la propiedad del inmueble, algo que en julio del año pasado no había hecho. Tampoco se había producido ningún contacto para concertar una inspección voluntaria fuera de la temporada veraniega, por lo que se optó por solicitar al juzgado la entrada en la vivienda.
Hace pocas semanas llegó la autorización del juzgado y, finalmente, en la primera quincena de junio un celador de obras pudo acceder a la vivienda, una casa unifamiliar en la que se ha podido constatar que se había ejecutado una piscina sin licencia, se había reconvertido un garaje en vivienda y se habían realizado trabajos de reforma interior. Ahora, dentro del expediente sancionador abierto, se procederá a realizar una valoración de los trabajos, cantidad que se tomará como referencia para fijar la multa, además de la obligación de deshacer los trabajos realizados y asumir los costes de la tramitación judicial.
