La última sesión del juicio por el robo de 2,7 millones de euros en la sede central del Grupo Matutes en 2013, que quedó ayer visto para sentencia, confirmó la existencia de un acuerdo entre el expolicía nacional Rafael Rodríguez, autor confeso del robo, y la Fiscalía. El acusado reconoció los hechos a cambio de una rebaja en la petición de condena; el Ministerio Público reclamaba inicialmente cinco años de cárcel, pero ayer, en sus conclusiones finales, redujo su petición a sólo un año y nueve meses, lo que con toda probabilidad le evitará tener que ingresar en prisión. La Fiscalía ha tenido en cuenta los atenuantes de confesión y colaboración con los investigadores, así como la dilación de todo el procedimiento, ya que han transcurrido casi ocho años desde que se cometió el delito. No obstante, pide también que se condene a Rodríguez a abonar 995.000 euros al Grupo Matutes en concepto de indemnización: esta cifra es prácticamente la parte del botín que queda aún por recuperar. En cuanto al otro policía procesado, José Joaquín Fernández, la fiscal pidió para él 21 meses de cárcel, la misma pena que para Rodríguez.
En su opinión, existen pruebas suficientes de que es culpable de encubrimiento, y también de receptación, al considerar que Fernández encubrió al autor del robo con la «intención de lucrarse con el dinero sustraído». El abogado de Fernández, en cambio, pidió su libre absolución. La acusación particular, ejercida por el abogado Manuel Domingo en representación del Grupo Matutes, se sumó a las peticiones de cárcel de la Fiscalía para los dos principales encausados y reclamó además un año de prisión para la esposa de Fernández por encubrimiento. Domingo solicitó que el pago de los 995.000 euros se reparta entre los tres acusados.
«Falso testimonio»
Durante su intervención final, el abogado Fernando Pamos de la Hoz, defensor de Fernández, acusó de «falso testimonio» a Abel Matutes Juan y a Roger Sales, jefe accidental de la comisaría de policía de Ibiza cuando se cometió el robo, por «faltar a la verdad» durante su declaración como testigos en el juicio, por lo que solicitó que se inicien acciones judiciales contra ellos. El letrado recordó que Matutes había negado que Rafael Rodríguez trabajara para su empresa como vigilante de seguridad, contradiciendo la declaración en el juicio de otros testigos y a pesar de que en agosto de 2016 la Audiencia Nacional consideró probado que Rodríguez compatibilizó ilegalmente su trabajo como policía nacional con las tareas de vigilante entre 2009 y 2013, lo que llevó a su expulsión de la Policía Nacional.
Y con respecto a Sales, De la Hoz reprochó que no se hubiera apartado de la investigación «de inmediato», teniendo en cuenta que su esposa, procuradora de los tribunales, tenía relación profesional con el Grupo Matutes. En sus conclusiones, este abogado volvió a cuestionar la imparcialidad tanto de la Fiscalía como de la magistrada Martina Rodríguez, que ha presidido la vista y dictará sentencia. De la Hoz tildó de «vergonzoso» el «trato de favor» recibido por una de las partes y denunció el «oscurantismo» al que han sido sometidas algunas de las informaciones durante el juicio.
Las imágenes de las cámaras de seguridad admitidas como prueba no llegaron a exhibirse, al darse como válido el testimonio de los agentes que las revisaron durante la investigación.
La Fiscalía pacta con el autor confeso del robo, Rafael Rodríguez, y rebaja su condena a 1 un año y nueves meses de cárcel, de los cinco años que le pedían previamente, así como el pago de 995.000 euros al Grupo de Empresas Matutes, en concepto de indemnización. Para José Joaquín Fernández piden 21 meses.
