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Juzgados | Juicio por el robo multimillonario al gupo de Empresas Matutes

El informe pericial avala que el botín del robo a Empresas Matutes es de 2,7 millones

Un agente de la Policía Científica ratifica que la huella encontrada en uno de los paquetes que contenían parte del dinero sustraído pertenece «sin duda» a José Joaquín Fernández, acusado de encubrimiento

Los acusados, Rafael Rodríguez y José Joaquín Fernández, durante la sesión del juicio del miércoles. | TONI ESCOBAR

El juicio por el robo de 2,7 millones en la sede del Grupo de Empresas Matutes en 2013 continuó ayer en el juzgado de lo Penal 2 de Ibiza con más declaraciones de investigadores y expertos. Un perito de la consultora Deloitte, la empresa encargada de verificar el importe que había en la caja fuerte la noche en que fue forzada, ratificó el informe elaborado en 2014 que concluía que el dinero depositado en la caja asaltada ascendía en total a 2.795.865 euros, de los cuales 954.000 euros no han sido recuperados aún. Son 50.000 euros menos que lo que la Fiscalía pide en concepto de indemnización a Rafael Rodrígez, el autor confeso del robo.

Durante su intervención, el perito manifestó que el dinero de la caja procedía en su mayoría de las recaudaciones del hotel-discoteca Ushuaïa entre mayo y octubre, aunque también constaban asientos de otros cuatro hoteles del Grupo Fiesta (Hotel Don Toni, Migjorn Ibiza, Palladium Hotel Palmyra y Fiesta Hotel Cala Nova), pero en menor medida. «No es verdad que [en la caja] estaba el cierre de 20 hoteles», respondió el experto de Deloitte cuando el abogado de José Joaquín Fernández le preguntó por las afirmaciones efectuadas en el juicio el día anterior por Abel Matutes Juan, máximo responsable del Grupo Matutes, que atribuyó la procedencia del dinero a los arqueos de 20 de sus hoteles de la isla.

«En la contabilidad de la caja [fuerte] no hay ninguna irregularidad», concluyó el del perito, que aseguró que las cantidades de dinero que fueron entrando en la caja «estaban documentadas de mayo a octubre». El defensor de Fernández volvió a recalcar la disparidad en las cantidades sustraídas que el Grupo Matutes denunció en los días posteriores al robo; así, el supuesto montante del botín era de 187.000 euros en su primera denuncia y acabó alcanzando los 2.7 millones. «Si sabían la cantidad exacta, ¿por qué no la denunciaron desde el principio?», se preguntó.

La huella incriminatoria

También compareció ayer en la vista, que preside la magistrada Martina Rodríguez, un agente de la policía científica que confirmó, «sin ninguna duda», que la huella dactilar encontrada en uno de los paquetes que contenían los billetes corresponde al policía acusado José Joaquín Fernández, procesado por encubrimiento pero al que la acusación particular del Grupo Matutes considera «cerebro» del robo y que el primer día del juicio fue señalado también como autor del mismo por Rafael Rodríguez, el único que ha confesado su participación y facilitó la recuperación de la mayor parte del botín. Durante el revelado de huellas y posterior cotejo en la Sección del Sistema Automático de Identificación Dactilar, SAID, son doce los puntos que deben coincidir para asegurar la identificación de una persona, aunque «con una coincidencia de 8 puntos suele ser suficiente», explicó el agente.

La coincidencia con la huella hallada en el dinero y la de Fernández es de 12 puntos. El acta original de la huella fue llevada al juzgado ayer a petición de la magistrada, ya que en el informe del caso solo constaba una fotocopia en blanco y negro, por lo que no se pudo acreditar como prueba.

El abogado de Fernández mostró su disconformidad con la presentación de la prueba, alegando que «el documento no ha constado en el informe durante ocho años», por lo que la consideraba una «evidencia nueva». El letrado acusó entonces a la jueza de «faltar a la imparcialidad» que debe mantener y avanzó que alegaría esta actuación para impugnar el juicio si se permitía que el documento se emplease como prueba.

Las imágenes del delito se verán durante la sesión de hoy

La defensa del principal sospechoso, Rafael Rodríguez, no descarta alcanzar un acuerdo. El juicio por el robo de 2,7 millones al Grupo de Empresas Matutes en 2013 finalizará hoy, aunque desde el juzgado explicaron que podría extenderse hasta el lunes en caso de ser necesario. Durante la quinta y última sesión del litigio está prevista la visualización de algunas imágenes de seguridad del día del robo.

La Fiscalía y los letrados procederán a exponer sus argumentos finales antes la magistrada, Martina Rodríguez, y el caso estará listo para sentencia.

Durante las cuatro sesiones previas celebradas en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza han comparecido ante la juez 32 testigos, en su mayoría agentes de la Policía Nacional que participaron en las investigaciones del caso en 2013. El padre de José Joaquín Fernández, acusado del delito de encubrimiento, compareció de manera breve durante la cuarta sesión.

La Fiscalía pide para Rafael Rodríguez cinco años de prisión y el pago de 995.000 euros como indemnización al Grupo de Empresas Matutes y 21 meses de prisión para Jose Joaquín Fernández. Por su parte, la acusación particular, ejercida por Grupo de Empresas Matutes, reclama en su escrito que sean los dos agentes, junto con la pareja de éste último -a la que también acusan de encubridora y para quien reclaman un año de prisión-, quienes indemnicen al holding «de forma solidaria» con los 995.000 euros que aún siguen sin recuperar.

Desde la defensa del principal sospechoso del delito, Rafael Rodríguez, no descartan alcanzar un acuerdo entre las diferentes partes.

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