Durante el debate sobre el estado de Formentera, una propuesta de Sa Unió para dotar de más recursos humanos y materiales la gestión de la llegada de «inmigrantes ilegales» a la isla, fue modificada por otra transaccional del equipo de gobierno para «instar a la Unión Europea, al Gobierno del Estado, al Govern balear y al propio Consell a implementar actuaciones de colaboración (...) que den respuesta (...) al reto migratorio actual».
«No compartimos el término de inmigrantes ilegales»
El conseller de Bienestar Social, Rafa Ramírez, dijo discrepar del planteamiento original de la propuesta por su trasfondo ideológico: «No compartimos el término de inmigrantes ilegales, debemos hablar de inmigración irregular ya que hablar de ilegal suena a delito y la inmigración no lo es, es un derecho». En este punto, el portavoz de Sa Unió, Llorenç Córdoba, le reprochó que se agarrara a una definición para «hacer demagogia y seguir el argumentario del PSOE, y usted lo sigue al pie de la letra». «Estamos buscando seguridad y protección para los inmigrantes», insistió para luego añadir que el equipo de gobierno «no nos tiene respeto al presentar una transaccional similar a la nuestra, es una falta de educación y de ética». Este último comentario le valió una advertencia de la presidenta del Consell: «Esto no tiene nada que ver con la educación o la ética, es una práctica recogida en el ROC», recordó Alejandra Ferrer.
La negativa del equipo de gobierno a aprobar una propuesta sobre los impuestos de los pactos sucesorios también calentó el ambiente y Javier Serra, de Sa Unió, elevó el tono: « Es muy grave lo que están haciendo, están vulnerando una ley que dice cómo se tienen que aplicar los pactos sucesorios en Ibiza y Formentera». Serra, señalando con el índice, insistió en que la Agencia Tributaria de Baleares ya está aplicando los criterios del derecho civil de Mallorca en vez del pitiuso. También abundó «sobre la falta de presunción de inocencia de las familias de Ibiza y Formentera, y ustedes dicen que está bien así».
