El policía nacional Rafael Rodríguez, principal acusado de robar 2.767.000 euros de la sede del Grupo de Empresas Matutes, la noche del 26 de octubre de 2013 en Ibiza, acusó ayer al otro policía encausado, Joaquín José Fernández, de haber sido el autor material de la sustracción. Rodríguez señaló a Fernández durante la primera sesión del juicio por el robo millonario, según explicaron algunos asistentes a la vista, ya que los periodistas no pudieron acceder a la sala porque se superaba el aforo máximo previsto en las restricciones anticovid y ni el juzgado ni el Tribunal Superior de Justicia habían habilitado una forma audiovisual alternativa para que los informadores pudieran seguir directamente el juicio en otro lugar.
Después de ocho años desde que se cometiera el robo y tras seis declaraciones previas, cuatro ante la policía y dos en el Juzgado, en las que siempre exculpó a Fernández de perpetrar el robo e incluso de conocer el origen del paquete que le dio con el dinero del botín, es la primera vez que Rodríguez culpa a Fernández. En el entorno de éste se especulaba ayer con la posibilidad de que este cambio en la versión del principal procesado obedeciera a un posible acuerdo para rebajar su condena.
Durante la primera sesión de la vista oral, que preside la magistrada Martina Rodríguez, titular del juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, los dos policías nacionales y la mujer de Fernández, también procesada, se declararon inocentes de los cargos imputados, uno de robo con fuerza y dos por encubrimiento.
Rafael Rodríguez, policía nacional y antiguo escolta de Abel Matutes en su etapa como ministro de Asuntos Exteriores, está acusado de ser el autor material del robo aprovechando que habitualmente realizaba también trabajos como vigilante de seguridad para el Grupo de Empresas Matutes. En su declaración dijo que era inocente del delito y aseguró que el día del robo estaba como vigilante en la sede del grupo empresarial y que, cuando sonó la alarma, subió a ver qué pasaba. Rodríguez, que sólo quiso responder a las preguntas de su abogado defensor, José Antonio Prieto Palacio, y a algunas de la fiscal, aseguró que fue Joaquín José Fernández quien cometió el robo y que él intervino sólo como observador.
José Joaquín Fernández, procesado junto a su mujer únicamente por encubrimiento, declaró a continuación y negó haber participado en el robo o haber tenido conocimiento del mismo ni antes ni después de que sucediese. Aprovechando su declaración y la de los testigos que le siguieron (cinco agentes y tres jefes policiales de aquel entonces que investigaron el robo), el abogado de Fernández, Fernando Pamos de la Hoz, cuestionó la cadena de custodia de pruebas que se produjo durante la investigación, debido a una serie de errores recogidos en las actas del día en que la Policía Nacional se incautó de parte del botín.
La mujer de Fernández, para quien la acusación particular pide un año de prisión por el delito de encubrimiento, pero que no está acusada por la Fiscalía, se declaró inocente. Contestó a las preguntas de la fiscal que ella no sabía nada del robo y se negó a responder a las preguntas de la acusación particular, ejercida por el Grupo Matutes. La acusada abandonó la sala a los pocos minutos de concluir su declaración.
La fiscalía pide para Rafael Rodríguez cinco años de prisión y el pago al Grupo de Empresas Matutes de 995.000 euros, cuantía del dinero robado que faltaría por recuperar, y 21 meses para Fernández por encubrimiento.
