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Las restricciones sanitarias impiden el juicio contra el maltratador de Sara Calleja

La Fiscalía pide siete años de cárcel para el acusado por maltrato psíquico, coacciones y quebrantamiento de condena, y la acusación particular eleva la petición a 18 años

Sara Calleja en una exposición de sus cuadros en León en 2004.

El juicio contra el hombre condenado por maltratar a Sara Calleja, que se debía celebrar ayer en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, se suspendió nuevamente debido a que el acusado no pudo testificar por videoconferencia desde Bruselas, lugar en el que reside, debido a las restricciones derivadas de la pandemia del covid, según explicaron a este diario fuentes cercanas al caso. El hombre fue exculpado oficialmente por un médico de presentarse a la vista de manera presencial debido a su mal estado de salud, igual que había ocurrido en la anterior cita para la vista oral, en enero de 2019, pospuesta hasta este lunes.

Sara Calleja se quitó la vida en Ibiza en julio de 2015 tras el acoso constante recibido por parte de su pareja, según explica Eva Montero, exabogada de la acusación particular que ejercen los hijos de la víctima. La Fiscalía de Ibiza acusa al hombre, de nacionalidad belga, de la presunta comisión de tres delitos: uno de maltrato psíquico habitual y otros dos continuados de coacciones y quebrantamiento de condena.

Por el primero, la Fiscalía solicita tres años de prisión; por el segundo, otros tres, y por el tercero, un año, con lo que en total suman siete años. También reclama el pago de una indemnización de 60.000 euros para los hijos de la víctima. Por su parte, la acusación particular atribuye al hombre los tres delitos señalados por la Fiscalía, otro continuado de amenazas (un año de prisión), uno de lesiones psíquicas (cinco años) y el de inducción al suicidio (cinco años), lo que suma en total 18 años.

Montero explica que Calleja y su maltratador mantuvieron una relación de tres años y dos meses de duración y que acabó por decisión de la víctima. «El encausado en ningún momento aceptó la ruptura y pese a que [ella] le manifestó su voluntad de no querer mantener ningún contacto con él, éste insistía continuamente en que volvieran a ser pareja, realizando numerosas llamadas a sus teléfonos», señala la Fiscalía. Existe una orden de detención emitida contra el acusado por un juzgado de León, ciudad en la que Calleja residió antes de venir a Ibiza a vivir, donde presentó numerosas denuncias contra él y donde fue condenado en dos ocasiones por amenazas y coacciones en el ámbito familiar.

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