Los vecinos del Don Pepe esperaban ayer que, a partir de las nueve de la mañana, llegara en cualquier momento un dispositivo policial para pedirles que debían abandonar sus domicilios. Se cumplían las 72 horas de plazo que el Ayuntamiento de Sant Josep fijaba en su decreto de desalojo, después de que la semana pasada anunciara que iniciaba el expediente de ruina del inmueble y ofrecía dos meses de alojamiento, para las 60 personas que preveía evacuar, en los apartamentos Bon Sol de Platja d’en Bossa. Pero, al cierre de esta edición, los propietarios no pensaban marchar de sus casas hasta tener delante una orden judicial, mientras que el Ayuntamiento declinaba aportar ninguna información al respecto.
Por la mañana sí que recogían sus cosas algunos inquilinos que vivían en el bloque A de los apartamentos Don Pepe, que habían contactado con los servicios sociales de Sant Josep para acogerse al desalojo. Pero, al margen de los residentes en régimen de alquiler, los propietarios, la gran mayoría, mantenían su intención de no acceder voluntariamente al desalojo, tal y como deseaba el Ayuntamiento la semana pasada.
Antecedentes
El Consistorio esgrime que el edificio, formado por cinco escaleras, con 46 apartamentos y dos locales comerciales, sufre patologías estructurales. Por este motivo, el 4 de junio del año pasado ordenó el desalojo de la escalera 1, donde cuatro días antes cayó un trozo del techo de una habitación. 20 días después, repetía la evacuación con otra escalera, advirtiendo en ambos casos a la seguridad de sus moradores.
Mientras, los vecinos anunciaban que querían ejecutar las obras de reparación, pero el Ayuntamiento rechazaba esta posibilidad, arguyendo que el inmueble se encontraba fuera de ordenación. La urbanización consta de dos edificios, construidos en 1964, pero en los expedientes solo aparece licencia de uno de ellos, el bloque B, que ahora no está afectado por este proceso de declaración de ruina y orden de desalojo, aunque la administración municipal reclama que pase por la Inspección Técnica de Edificaciones, al contar con más de 50 años de antigüedad.
La crónica
Durante todo el fin de semana, vecinos del Don Pepe se han movilizado para dar a conocer su situación, con despliegue de pancartas en diferentes puntos de Sant Josep y de Vila y a través de las redes sociales. Poco antes de las nueve de la mañana de ayer, ya se había reunido un buen número de amigos y familiares junto al bloque A. Muchos de los afectados de las dos escaleras evacuadas el año pasado y del otro bloque de la urbanización también se sumaron a la concentración de protesta contra el desalojo que, temían, podía ejecutarse durante la jornada.
Juzgados
La comunidad pide que se frene el desalojo
El representante legal de los propietarios solicitó ayer una medida cautelarísima para frenar el decreto de desalojo del Ayuntamiento de Sant Josep.
Expediente
Recurrirán la declaración de ruina del inmueble
La comunidad de propietarios también ha anunciado que, a través de su abogado, recurrirán el expediente de declaración de ruina del Ayuntamiento y piden «soluciones políticas» para que puedan reparar el edificio.
«De momento, no tenemos noticias, pero Ángel Luis Guerrero, el alcalde, había anunciado que vendría hoy la policía local, psicólogos y asistentes sociales e, incluso, la Guardia Civil por si nos poníamos tontos», indicaba la presidente de la comunidad, Silvia Hernández. A su juicio, esta situación no se hubiera producido con el antecesor de Guerrero hasta el pasado mes de febrero, Josep Marí Ribas, Agustinet, actualmente en la conselleria de Movilidad y Vivienda del Govern.
«Él tenía un trato más conciliador. En noviembre desayuné con él para conocernos y hablar de cómo se podría ayudar a los vecinos», recuerda Hernández. Ella desconoce cuándo puede producirse el desalojo y asegura que muchos de los vecinos no han recibido oficialmente la notificación, así que entiende que aún no se habrían cumplido las 72 horas de plazo.
Además, el abogado de la comunidad presentaba esa misma mañana a los juzgados una petición cautelarísima para frenar la evacuación. «La resolución tarda unos días. Ahora esperamos que triunfe la cordura, porque tenemos pruebas suficientes en nuestros informes para decir que ni este ni el otro bloque se van a caer», subraya Hernández.
Concentración
Sobre las nueve y media se encuentran unas doscientas personas en es Codolar, con carteles reivindicativos y entonando cánticos [«de los Don Pepe, no nos moverán»]. De los balcones del bloque cuelgan las pancartas y se asoman los afectados, con alguna cacerolada.
Entre los que se acercan a mostrar su solidaridad, se encuentran antiguos residentes. Es el caso de José Heredia, que, hace 43 años, compró un apartamento por 400 mil pesetas. Tenía 25 y había llegado a la isla para trabajar en la construcción, con una empresa de Barcelona. «Aquí eran casi todos militares de Madrid que pasaban el verano», recuerda.
Los Don Pepe se construyeron por una cooperativa de pilotos de Iberia que, «entonces venían todos del ejército». Heredia vendió su piso, «por un millón de pesetas», hace 25 años, pero conserva estrechos vínculos y ha acudido para solidarizarse con su cuñada, que observa inquieta desde el balcón. «¿Te parece normal que traten así a familias que son trabajadoras, mientras en Casa Lola siguen sin derrumbarlo? No sé cómo se atreven a decir que son de izquierdas», lamenta Heredia, que es un histórico militante del PSOE.
Manifiesto
Una de las propietarias que permanece dentro de su apartamento, Cristina Otero, empieza a leer un manifiesto, con un equipo de megafonía, desde el cuarto piso. «Señores políticos, la voluntad mueve montañas y, desde un principio, ustedes solo han mostrado poca humanidad y muchas prisas para hacer desaparecer el problema. Sin pensar en los daños colaterales ni en las vidas que llegan a destruir, con muy pocas posibilidades de que puedan recuperarse de este golpe», concluye entre los aplausos y vítores del resto de balcones y de la concentración frente a su bloque. Entre los asistentes, se encuentra el concejal de Alternativa Insular en Sant Josep, Vicent Torres, así como la de Vox, Pino Vidal, acompañada del presidente de su partido en Ibiza, Jaime Díaz de Entresotos.
Algunas de las familias en régimen de alquiler recogían sus cosas para irse a los apartamentos Bon Sol dos meses
Dentro de los apartamentos, muchos de los propietarios están atendidos por familiares. Jordi Borrell acompaña a su madre, Isidora Martín, que está a punto de jubilarse y a la que le quedan cinco años de hipoteca, unos 10.000 euros. «Compramos una casa con todas las de ley y ahora, de buenas a primeras, resulta que somos ilegales», lamenta Borrell. «Nos echan y debemos seguir pagando nuestras hipotecas, sin ningún tipo de indemnización».
«Injusticia tremenda»
En el piso vecino se encuentra Juani González, que ha venido de Málaga para apoyar a su familia «y a todos los vecinos ante esta injusticia». «Mi hermana es diabética e hipertensa, está sufriendo ansiedad. La envían a un apartamento con una neverita donde sólo va a caber la insulina. Mi cuñado ha estado toda la vida trabajando y ahora, jubilado, ¿lo van a echar de su casa? Me parece una injusticia tremenda que vayan a tirar los pisos de gente trabajadora, que lleva 35 años pagando los impuestos al Ayuntamiento, con todas las casas ilegales que hay en la isla», relata González con visible ansiedad.
Pasadas las once, los vecinos empiezan a descartar que se presente ningún dispositivo de desalojo. Los propietarios empiezan a bajar de sus viviendas para encontrarse con sus allegados, mientras que la concentración empieza a dispersarse paulatinamente.
Guadalupe Nauda: «No podemos ponernos de lado ante esta situación»
La concejala de Vivienda asegura que el equipo de gobierno «está sufriendo muchísimo»
El Ayuntamiento de Sant Josep no quiso pronunciarse ni el viernes pasado ni ayer sobre las movilizaciones que están emprendiendo los vecinos contra el decreto de desalojo. Sí que se manifestó la concejala de Vivienda, Guadalupe Nauda, que participó al mediodía en la tertulia política de ‘Hoy por hoy’ de Radio Ibiza Ser, como representante de Unidas Podemos.
«Llevamos un año sufriendo muchísimo por todo el tema social, independientemente de toda la parte urbanística y de leyes. Un equipo de gobierno progresista no puede quedarse de lado ante esta situación», declaró Nauda, cuando se trataban las principales noticias del día en el debate radiofónico. «Sé que los vecinos no están conformes, se entiende y hay empatía con ellos, pero corre peligro la vida de 50 familias y no podemos permitirnos que ocurra una desgracia», subrayó.
Además del alojamiento durante dos meses en los apartamentos Bon Sol, el Ayuntamiento de Sant Josep mantiene su oferta de 1.971.000 euros a los propietarios del bloque A, lo que supone unos 29.000 euros por apartamento. Esta compensación contempla solo el terreno en el Parque Natural, ya que el Consistorio entiende que el edificio no tiene valor al estar fuera de ordenación.
