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Infraestructuras

El TSJB abre la vía judicial para exigir al Govern la financiación del vertedero de Ibiza

La sentencia admite que «el bloqueo» perjudica a los ciudadanos y apunta que «le incumbe» al Consell reivindicar el pago de la deuda

La planta de triaje de Ca na Putxa en funcionamiento. | J. A. RIERA

La planta de triaje de Ca na Putxa en funcionamiento. | J. A. RIERA

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) admite «el perjuicio» que «el bloqueo» de la financiación pública de la planta de triaje de residuos de Ca na Putxa causa al concesionario del vertedero (la UTE Giref) y a los ciudadanos, que deberán pagar más por la prestación de este servicio.

Tras la puesta en marcha de la planta de triaje, el Consell ha previsto este año destinar 4,5 millones a evitar una subida del recibo de basuras de los ciudadanos. No obstante, el conseller de Gestión Ambiental, Vicent Roig, sostiene que no hay ninguna garantía de que la institución insular pueda destinar en 2022 una cuantía similar para evitar también el incremento del coste del servicio.

Interior de la planta de triaje del vertedero. Vicent Marí

«No sabemos si podremos hacerlo. La esperanza es que se pueda hacer con los ingresos previstos del Govern», dijo Roig en referencia a la cláusula del Plan Director Sectorial de Residuos de las Pitiusas, de 2001, que contemplaba el compromiso del Govern de financiar el 30% de todas las instalaciones previstas que no fueran subvencionadas por Europa.

La sentencia sostiene que es el Consell el que debe reclamar que se materialice lo previsto en el plan de residuos hace dos décadas

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El Consell calcula que la deuda asciende a 23,7 millones e incluye la expropiación de los terrenos (5,4 millones), la reforma del vertedero (3,8 millones), la planta de triaje (13,6 millones) y la estación de transferencia (165.000 euros).

El plan director incluía una disposición adicional (la novena) que preveía la firma de un convenio entre el Consell y el Govern en el plazo «no superior a un año» (es decir, en 2002) para acordar las cuantías y condiciones del pago de estas infraestructuras, lo cual no se hizo. Precisamente, a esto se agarra la conselleria balear de Medio Ambiente para justificar por qué sí colaboró, en su día, en la financiación de las instalaciones de residuos de Mallorca y Menorca.

23,7 MILL La deuda que el Consell  reclama al Govern por el coste de Ca na Putxa

El Consell calcula que el Govern debe pagarle 23,7 millones del coste de la financiación de las instalaciones de residuos del vertedero.


4,5 MILL Partida para evitar este año la subida del recibo

El Consell destina este año 4,5 millones a pagar la primera anualidad de la amortización de la planta de triaje y evitar que suban los recibos de los ciudadanos.

El tribunal balear ha rechazado ahora el contencioso que interpuso la UTE Giref contra el Govern para que abonase un total de 9,8 millones (más los intereses de demora) por el 30% que le corresponde del coste de la planta de triaje (menos de lo que reclama el Consell). La sentencia señala que la UTE Giref tiene una concesión otorgada por el Consell, no por el Govern y que, por tanto, es la institución insular, como responsable de garantizar que se mantenga el equilibrio económico-financiero de la concesión, la que debe reclamar a la Comunitat la inversión.

Y agrega que es al Consell al que «le incumbe efectuar las actuaciones precisas para que la colaboración interadministrativa recogida en el plan director se materialice después de 20 años desde su entrada en vigor, máxime cuando el bloqueo institucional está afectando a la concesionaria, además de, posiblemente, a los ciudadanos, al tener que asumir una mayor carga financiera».

El Consell remitió una carta al Govern en diciembre y considera que ha habido «tiempo suficiente» para que hubiera contestado

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Así, la sentencia abre la puerta a que sea el Consell el que reclame en el tribunal el pago de la deuda pendiente desde hace dos décadas. El TSJB destaca, eso sí, que el convenio no se suscribió en el plazo de un año previsto en el plan director, pero no se pronuncia sobre si este es motivo suficiente para tumbar la reclamación.

El Consell prefiere negociar

En todo caso, Roig asegura que, al ser una cuestión de «mucho contenido político», el equipo de gobierno del Consell prefiere optar por las vías «más amistosas», es decir, por la negociación con la conselleria de Medio Ambiente.

Roig recuerda que a principios del pasado diciembre, el presidente del Consell, Vicent Marí, envió, con el acuerdo previo del Consell de Alcaldes, una carta al conseller balear de Medio Ambiente, Miquel Mir, en la que le solicitaba que llevara a cabo las actuaciones necesarias para alcanzar «un acuerdo satisfactorio» para las dos partes sobre la financiación pendiente de las instalaciones de residuos de la isla. Entonces, le comunicó a Mir que los servicios técnicos de la institución insular habían calculado que la deuda ascendía a 23,7 millones.

El presidente envió la carta justo un día después de que Mir asegurara en el Parlament su voluntad de negociar de forma «honesta» la financiación de Ca na Putxa, sobre todo la planta de triaje, y advirtiera de que ya lo había dicho un año antes y seguía a la espera de una propuesta del Consell.

Algo más de medio año después de la carta de Marí, la conselleria balear no ha respondido. «Ha habido tiempo más que suficiente», apunta Roig que, en todo caso, destaca que la dirección general de Residuos no se ha cerrado en banda sino que ha expresado su voluntad de buscar «vías» para atender la demanda del Consell. En cambio, lamenta Roig, «Presidencia del Govern no lo ve tan claro».

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