Representantes de distintas asociaciones del sector audiovisual de las Islas exigieron ayer al Govern que acabe con «los recortes en IB3 y el mal funcionamiento del Instituto de Industrias Culturales de Balears (ICIB)».

Así lo reclamaron en una rueda de prensa la Asociación de Productores Audiovisuales de Balears (Apaib), la Asociación de Cineastas de Balears (ACIB), la Asociación de Profesionales del Audiovisual de Ibiza (APAI), la delegación balear de la Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales (CIMA) y PROA (federación de productores audiovisuales de ámbito estatal).

Las asociaciones explicaron que, aunque IB3 mantiene el mismo presupuesto que en 2020, la cantidad asignada a la producción de contenidos se reducirá en tres millones de euros con respecto al año pasado, y un millón de euros respecto a lo prometido. Según explicaron, en 2021, el Govern e IB3 se comprometieron a realizar una inversión de 8,5 millones de euros y finalmente invertirán 7,5.

De acuerdo con las asociaciones, esta reducción pone en riesgo la supervivencia de las productoras y de sus trabajadores, y más de mil familias que dependen del sector audiovisual se verían afectadas per este recorte.

El presidente de Apaib, Kiko Domínguez, remarcó que «el sector no entiende por qué si IB3 mantiene el mismo presupuesto que en 2020, la partida para la producción de contenidos televisivos se ha reducido». «En reuniones mantenidas previamente, la consellera de Presidencia y el director general del Ente no han aclarado esta cuestión», señaló.

Las asociaciones piden a IB3 una mayor contratación de producciones en Menorca, Ibiza y Formentera. Según explicó la presidenta de APAI, Ana Olivia Fiol, «en estos momentos, en Ibiza y Formentera se produce sólo el 1,19 por ciento de la programación de IB3, y en Menorca sólo el 2,53, mientras que en Mallorca se produce un 88,1 por ciento».

Por otro lado, censuraron que continúa «la parálisis del Instituto de Industrias Culturales de Balears (ICIB)». Las asociaciones criticaron «la falta de personal especializado y la falta de diligencia en la convocatoria, resolución y pago de subvenciones, la falta de diálogo y participación del sector, el cambio de criterio jurídico y la falta de conocimiento para la resolución de cuestiones diarias». Según explicaron, «el mal funcionamiento del ICIB genera inseguridad económica y jurídica, falta de competitividad e imposibilidad de desarrollo de estrategias de producción».