El Consell de Ibiza acordó ayer por unanimidad en un pleno extraordinario instar al Ministerio de Transportes a que elimine la obligatoriedad del uso del tacógrafo para controlar los descansos de los conductores del transporte y viajeros por carretera.
El equipo de gobierno convocó el pleno extraordinario para comunicar la renuncia de Jorge Roselló, el número cuatro de la lista de Unidas Podemos en las pasadas elecciones autonómicas, a ser conseller, al objeto de acelerar el proceso de sustitución de la vacante que dejó Viviana de Sans.
Hay que tener en cuenta que ya han transcurrido dos meses de la salida de De Sans del Consell para ocupar un cargo en el Govern balear (comunicó su marcha en el pleno del 26 de marzo). Y aún habrá que esperar algo más, puesto que la persona que ocupará su puesto es David Álvarez, de Esquerra Unida, el número 6 de la lista electoral, por lo que antes tendrá que renunciar también la número 5, que es María Jesús Gálvez.
El pleno comunica la renuncia de Jorge Roselló, de Unidas Podemos, a sustituir a De Sans, que dejó el Consell hace dos meses
Como antes de final de mes, por una cuestión de plazos en la elaboración de la nueva legislación estatal de transportes, el equipo de gobierno aprovechó el pleno extraordinario para aprobar la moción sobre el uso del tacógrafo. El PP y Ciudadanos y el grupo del PSOE habían presentado sendas propuestas en el mismo sentido, por lo que se optó por fusionar ambas en una. Tal como explicó el vicepresidente segundo, Javier Torres, que desde hace 10 años el sector del transporte de la isla reivindica la eliminación del tacógrafo porque en una isla tan pequeña como Ibiza «no tiene sentido». «No tiene nada que ver con la Península donde si no se regulan los descansos de los conductores se puede producir un problema de seguridad vial», indicó.
Torres destacó que la Unión Europea deja en manos de los estados miembros la posibilidad de excluir del uso del tacógrafo a los territorios de menos de 2.300 kilómetros cuadrados (Ibiza tiene 571) que no estén conectados con la península, al tiempo que recordó que su uso supone también «una carga administrativa que entorpece el trabajo de las empresas».
