Los expedientes sancionadores resueltos en Balears por infracciones graves a la Ley de Seguridad Ciudadana durante el primer estado de alarma han supuesto una cuantía de 3,2 millones de euros, según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a través del área de Transparencia, hechos públicos ayer.
En toda España, a excepción de Cataluña y País Vasco, las infracciones suman multas por valor de 115 millones, de los que 51,7 millones son sanciones abonadas mediante el pago anticipado de la multa.
Las sanciones resueltas a través de esa normativa que se utilizó como marco legal por los incumplimientos del estado de alarma entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020 ascienden a 87.047 sobre las que ya hay propuesta de resolución y 75.217 con el expediente concluido con la bonificación por pago anticipado.
A estas sanciones hay que sumar otras 49.180 en las que los expedientes están en tramitación, pero que aún no cuentan con propuesta de resolución. Aunque las multas pueden oscilar entre los 601 y los 30.000 euros, en la mayoría de los casos se han resuelto con la mínima sanción, y prueba de ello es que el pago medio entre los expedientes con propuesta de resolución es de 732 euros y entre las sanciones acogidas al pronto pago, de 687 euros.
