La Fiscalía de Baleares volverá a oponerse a mantener el toque de queda y las limitaciones a encuentros sociales en espacios privados en la Comunidad, medidas aprobadas el pasado lunes por el Consell de Govern y remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para su autorización.

Así lo ha explicado el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, en declaraciones a los medios a las puertas del TSJIB. El Govern aprobó el lunes las medidas que regirán entre el 23 de mayo y el 6 de junio.

Los únicos cambios respecto a la quincena anterior son que el toque de queda se retrasa una hora, y en vez de comenzar a las 23.00 horas lo hará a la medianoche, y que se amplían los encuentros sociales -hasta ocho personas en exteriores y seis en interiores sin importar núcleos de convivencia-.

El Govern celebrará el viernes un Consell de Govern extraordinario en el que ya espera contar con una respuesta del TSJIB, según informó este martes la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el pleno del Parlament.

En este contexto, la Fiscalía mantiene los mismos argumentos que en el procedimiento anterior, en el que el Tribunal dio luz verde a las medidas del Govern: el Ministerio Público entiende que estas restricciones vulneran derechos fundamentales y que no procede adoptarlas sin el paraguas legal del estado de alarma.

El fiscal ha recordado que en esta ocasión sí cabrá el recurso de casación, que recaería en el fiscal de sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En el procedimiento de autorización anterior no se pudo recurrir ante el Supremo porque el decreto que habilitaba esta vía no había entrado en vigor cuando se aprobaron las medidas.

En cuanto al recurso de reposición, que se presenta ante la misma Sala que dictó el auto, el fiscal ha reiterado que es una cuestión "práctica", ya que, en el auto anterior, al tratarse de una resolución con dos votos particulares "se supone que está muy debatida".

El fiscal Barceló ha rechazado comentar si esperan que el TSJIB mantenga o cambie su postura. "Nosotros hacemos lo que consideramos que tenemos que hacer en defensa de los derechos de los ciudadanos", ha zanjado.