«Realizar talleres, cuidar del huerto y del gallinero, trabajos de la vida cotidiana, autonomía personal, integración social, adquirir habilidades laborales polivalentes... ¿Cómo pretenden que mi hijo consiga aunque sólo sea uno de estos objetivos?». Es la pregunta que lleva meses haciéndose Carmen Escandell. Le da vueltas desde que su hijo, Juan Carlos, con un elevado grado de discapacidad física y psíquica, cumplió los 18 años y supo que, al curso siguiente, la conselleria de Educación le obligaba a cambiar de recurso educativo.
En estos momentos Juan Carlos está escolarizado en un aula Ueeco (Unidad Específica Educativa en Centro Ordinario) del instituto Sa Colomina. «Juan Carlos cumplió los 18 años en octubre y al curso siguiente debe pasar a un aula TAVA (Transición a la Vida Adulta) ubicada en el instituto Sa Blanca Dona. «Con ese cambio de aula Juan Carlos dejará de tener fisioterapeuta y logopeda, que es lo que necesita. Además, pasará a un aula que no está pensada para chicos como él, con unos objetivos a los que todos sabemos que no puede ni aspirar», explica la madre, que esta semana, tras hablar con la dirección del centro, presentó un escrito en la delegación territorial de Educación en la que pide que se mantenga a su hijo en el aula Ueeco de Sa Colomina.
87% Grado de discapacidad del alumno
Juan Carlos tiene un elevado grado de discapacidad: el 87%. Se trata, además, de una discapacidad no sólo física, sino especialmente psíquica e intelectual.
Defiende que no está pidiendo nada fuera de lo normal. De hecho, asegura que si en vez de vivir en el municipio de Ibiza la familia viviera, por ejemplo, en Santa Eulària, Juan Carlos podría quedarse en el aula Ueeco hasta los 21 sin problema. «La ley depende del municipio en el que vivas», indica la madre, que teme que cambien a su hijo únicamente para que en el aula TAVA haya suficientes alumnos para mantenerla abierta. «Si no hay tres niños, la cerrarán», afirma. «¿Ley o normativa que nos obliga según el municipio donde vivimos? ¿Esto es legal?», se pregunta la familia del adolescente.
«Mi hijo no puede aprender a doblar sábanas, recoger huevos o reconocer su cuerpo. Ojalá pudiera», continúa Carmen, que no entiende cómo para hacer este cambio de aula se tiene en cuenta únicamente la edad de su hijo y no el grado y el tipo de discapacidad que tiene. La madre destaca que el problema de Juan Carlos no es únicamente de movilidad sino también y especialmente psíquico y neurológico. Hace dos años, el adolescente pesaba 22 kilos e intelectualmente era como un niño de cinco años. La situación no ha variado, explica la madre, que teme que su hijo, al no poder participar en ninguna de las actividades que se imparten en el programa de transición a la vida adulta «se quede apartado en un rincón».
« Con el cambio, Juan Carlos dejará de tener fisioterapeuta y logopeda, que es lo que necesita» « Mi hijo no puede aprender a doblar sábanas, reconocer su cuerpo o recoger huevos. Ojalá pudiera»
«¿Por qué educación no le da la oportunidad de seguir en su aula con sus compañeros y personal del como cualquier otro alumno del centro que puede repetir curso hasta los 21 años?», pregunta la madre en la petición que ha entregado a la conselleria, en la que señala que además de fisioterapia y logopedia en Sa Colomina su hijo cuenta con «personal especializado» que se encarga de proporcionar al joven «estimulación para favorecer su desarrollo puesto que no habla, no camina y no manipula objetos por su movilidad limitada».
Centro de educación especial
Desde la conselleria balear de Educación señalan que Juan Carlos «ha finalizado su etapa de escolarización en el aula Ueeco» y que por ley, al cumplir 19 años el próximo mes de octubre «no puede seguir» en este recurso. De la misma manera, reconocen que la discapacidad que presenta el joven «no aconseja que continúe su formación en el aula TAVA». Por este motivo, la conselleria lo que recomienda a la familia es que «no entre en el aula TAVA sino que se matricule en un centro de día o un centro de educación especial».
La familia confiesa que ya les habían comentado esta posibilidad, pero, por el momento la han descartado. «El centro que nos ofrecen hay que pagarlo», indica la madre, que exige que se cumpla «el derecho» de su hijo a permanecer escolarizado hasta los 21 años. «Como tiene cualquier otra persona», insiste.
«Pedimos encarecidamente que valoren y miren el dictamen de Juan Carlos (edad, minusvalía y capacidades que puede tener o no tener, informes médicos...)», reclama la familia en su escrito. En él, los padres reclaman que no se considere a su hijo «un alumno más» en el aula TAVA «donde por sus características no podría desarrollar los objetivos» que se plantean en este espacio «y se valore la opción de quedarse en el aula Ueeco donde recibe terapias muy beneficiosas para su día a día».
