El 97% de las denuncias tramitadas en Baleares por incumplimiento del primer estado de alarma ya han sido resueltas. De ellas, 670 corresponden a infracciones detectadas en Ibiza, según ha informado este jueves la Delegación del Gobierno.

De esta manera, tres de cada cuatro resoluciones emitidas han acabado en sanción y otros 789 infractores de Baleares se acogieron inicialmente al pago anticipado de la multa.

A raíz de la entrada en vigor de las restricciones para doblegar la curva de transmisión de la COVID-19, el elevado número de denuncias por su incumplimiento se tradujo en un incremento de más del 30% en la media habitual de expedientes que registra cada año la Unidad de Sanciones de la Delegación del Gobierno en el archipiélago.

Entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como las policías locales, interpusieron más de 24.000 denuncias en el conjunto de las islas por infracciones del Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma.

De estas se han tramitado más de 3.600, de las cuales 2.655 han concluido en sanción por vulnerar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Las delegaciones del Gobierno inician ahora un plan de refuerzo para continuar el procedimiento con el resto de denuncias que finalmente prosperaron.

Control de la Policía Local de Sant Antoni durante el confinamiento, en abril de 2020. J. A. Riera

En el conjunto del Estado, de las casi 482.000 actas tramitadas, unas 172.500 han sido resueltas con sanción; cerca de 88.000 han sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales), y unas 11.000 se han archivado.

Además, hay algo más de 54.000 expedientes todavía en fase de instrucción y unos 156.000 en los que el instructor correspondiente ha concluido que no procedía iniciar diligencias sancionadoras.

Aunque las propuestas de sanción por parte de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales por incumplimiento del primer estado de alarma llegaron a triplicar en toda España el balance habitual en un trimestre, el objetivo de las mismas no es el de la penalización ni la recaudación, sino que estaban orientadas a garantizar el cumplimiento de las restricciones de movilidad adoptadas para doblegar la curva de transmisión de la COVID-19 y proteger la salud de las personas.