Con la fecha del 25 de junio como tope, Salud trabaja a marchas forzadas para poder ofrecer a partir de ese día la prestación de la eutanasia, tal y como recoge la legislación estatal al respecto promulgada este mes de marzo. «No obliga a nadie», quiso dejar bien claro ayer Patricia Gómez durante la presentación de la nueva prestación sanitaria junto al coordinador autonómico de Salud Mental, el psiquiatra Oriol Lafau. Las personas que podrán acogerse a esta ayuda para morir han de ser mayores de edad, con plena capacidad de actuación o decisión que han adoptado de forma autónoma e informada y que padezcan una enfermedad crónica e incurable que curse con un padecimiento físico o psíquico intolerable, acotó añadiendo que deben tener la nacionalidad española o estar empadronados aquí desde al menos doce meses.
El siguiente paso pasa por crear, previa autorización del Consell de Govern, una comisión de garantías que evaluará las peticiones aceptadas, las denegadas y dirimirá los posibles conflictos que surjan. Esta comisión estará formada por 5 sanitarios, 4 médicos y una enfermera, y cuatro juristas con al menos cinco años de experiencia en su ámbito, detalló Patricia Gómez. Lafau admitió que tendrán que trabajar «de valent» para completar el proceso con todas las garantías. Así, señaló que se tendrá que elaborar el reglamento de esta comisión de garantías así como redactar un manual de buenas prácticas que finalmente se consensuará con las aportaciones de todas las CC AA. También se regulará el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que no estén dispuestos a participar en esta prestación.
Mayor de edad
«Un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable»
El primer requisito es ser mayor de edad y sufrir «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable». Hay que tener la nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite una permanencia superior a doce meses.
Voluntades anticipadas
Instrucciones previas o testamento
En el caso de que el paciente no se encuentre en pleno uso de sus facultades ni pueda prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente, debe haber suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital o voluntades anticipadas.
Fármacos consensuados
Dosis y fármacos establecidos
El ministerio y las CCAA han hecho un protocolo que concreta los fármacos que se suministrarán a los enfermos.
Lafau admitió que desconocían qué porcentaje de sanitarios podrían acogerse a esta prerrogativa pero señaló que estudios realizados en Cataluña estimaban en un 40% los profesionales de este ámbito contrarios a prestar esta asistencia para morir. «Se puede objetar en todos los procesos de la eutanasia», subrayó el coordinador instando a los profesionales que sopesen esta opción que la vayan comunicando a sus jefes de servicio.
Tres filtros
Lafau señaló que el proceso dispondrá de tres filtros entre los que ha señalado a un médico consultor especialista en la patología del solicitante y que no le conozca ni le haya tratado previamente, así como la propia comisión de garantías. «Si los médicos, tanto el responsable como el consultor, rechazan la petición del paciente, este siempre puede recurrir a la comisión de garantías», subrayó, asegurando que todo el proceso, desde la petición hasta la ejecución, no se puede demorar más de dos meses. El solicitante podrá elegir dónde acaba sus días, si en un centro sanitario o en su propio domicilio, así como optar por autodosificarse el fármaco o pedir que se lo administren. Eso sí, el médico responsable del paciente le asistirá durante todo el proceso. No obstante, Lafau señaló que están valorando crear un equipo específico que aplique la prestación de manera generalizada. Porque tampoco supo aventurar cuántas personas podrían solicitar esta prestación en Balears. Estudios realizados en otras geografías estiman que alrededor de un 0,006% de la población, unas 70 personas, podría solicitar la prestación a partir de junio de este año.
