Quedan cuatro días y el Govern no quiere perder más tiempo ni quedarse sin margen de reacción ante la cuenta atrás para el final del estado de alarma. Sin embargo, después del escrito de la Fiscalía cuestionando el mantenimiento de medidas como el toque de queda o el límite máximo de seis personas en las reuniones sociales y familiares, la presidenta Francina Armengol se topó ayer con un nuevo contratiempo en el camino para poder mantener las actuales restricciones después del próximo domingo. El Tribunal Superior de Justicia (TSJB) devolvió la pelota de las restricciones al Govern, pidiéndole aprobar antes las medidas para poder pronunciarse. Para no perder más tiempo, Armengol aprobó ayer mismo de urgencia el mantenimiento del toque de queda, del límite máximo de reuniones sociales y familiares a seis personas, el aforo del 50% en lugares de culto y los controles sanitarios en el aeropuerto, y lo remitió de inmediato al TSJB.
Con la voluntad de mantener el grueso de las restricciones, el Govern realizó este lunes una consulta al TSJB sobre qué medidas podía seguir aplicando una vez decaiga el estado de alarma, con las dudas puestas principalmente en estas cuatro medidas. El tribunal le devolvió ayer la pelota rechazando entrar a valorar las medidas mientras no fueran aprobadas formalmente. Por ello, el Ejecutivo se reunió de urgencia pasadas las 14h en un breve Consell de Govern de mero trámite para aprobar las medidas y volverlas a remitir de nuevo al TSJB.
De esta manera, a falta del aval de los jueces, las medidas que quedaron aprobadas ayer son aquellas que están en duda por el final del estado de alarma: el toque de queda a las 23 horas, la limitación de seis personas en reuniones sociales y familiares, el 50% de ocupación en lugares de culto y los controles sanitarios a pasajeros nacionales en puertos y aeropuertos. El resto de medidas, aquellas que no hay dudas que puede decidir el Govern, como las que afectan a actividades económicas, como las relativas al comercio o a bares y restaurantes, se aprobarán mañana viernes en un segundo Consell de Govern.
El resto de las medidas, como las que afectan a la hostelería, se aprobarán mañana en un nuevo Consell de Govern
No obstante, si el tribunal tumba la limitación del número de personas en reuniones sociales y familiares, a la que se opone la Fiscalía, se tambaleará toda la actual arquitectura de restricciones del Govern, centrada en evitar la concentración de personas en interiores por el elevado riesgo de contagios. No tendría sentido mantener cerrado el interior de bares y restaurantes, si comidas, cenas y encuentros pueden trasladarse a domicilios privados.
La previsión del Govern es que el tribunal resuelva a lo largo de esta misma mañana para salir de dudas y tener margen para poder reaccionar en caso de revés antes de llevar mañana a Consell de Govern el resto de las restricciones, para que entren en vigor el próximo lunes tras el fin del estado de alarma para los siguientes 15 días.
Comunidades como Cataluña, Andalucía o Castilla y León, todas ellas con mayor incidencia de contagios que las islas, ya han anunciado que no prolongarán el toque de queda tras el domingo. Sí ha anunciado que tratará de mantenerlo con la incidencia más baja la Comunidad Valenciana.
El TSJB dice al Govern que todavía no puede valorar las medidas
Los jueces, con dos votos discrepantes, rechazan aceptar la demanda del Ejecutivo
La justicia balear no ha querido despejar las dudas legales que plantean las medidas restrictivas, justificadas por la situación sanitaria, que pretende imponer el Govern. El TSJB ha declinado aceptar a trámite, y lo ha decidido antes de lo previsto, la demanda que el Ejecutivo había planteado, pidiendo un pronunciamiento previo a las limitaciones que quiere imponer para controlar la pandemia, en el momento que se suspenda el estado de alarma, que se levanta el próximo domingo. La Sala, formada por los cinco jueces, ha considerado que no cabe pronunciarse sobre una decisión del Govern que todavía no se ha producido. Y aludiendo a cuestiones de forma, la Sala ni siquiera ha querido entrar en el fondo de la petición que solicitaba el Ejecutivo. Lo hará cuando se conozcan las restricciones que se van a imponer, y no antes. Por tanto, según el criterio impuesto por el TSJB, será necesario una nueva demanda para concretar si el Govern puede imponer estas restricciones y prohibiciones sin contar con el paraguas del estado de alarma, como ha venido haciéndolo en los últimos meses.
Discrepancias en el tribunal
Aunque el tribunal se ha pronunciado antes de lo anunciado no lo ha hecho sin una profunda discusión previa de los cinco jueces que forman esta Sala. Lo demuestra la distinta interpretación que han realizado dos de los cinco magistrados, que son además los más veteranos de este tribunal. Gabriel Fiol, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y Pablo Delfont, su más que posible sustituto, no coinciden con el criterio que han impuesto sus otros tres compañeros, que se han convertido en mayoría y por tanto han podido imponer su valoración.
Estos dos magistrados han dictado sendos autos discrepantes, que coinciden en señalar que la demanda debió ser aceptada y el tribunal debió entrar en el fondo de la propuesta que planteaba el Ejecutivo, en busca de un amparo legal ante las medidas restrictivas que quiere imponer para seguir controlando los contagios.
Así, el juez Fiol critica que sus compañeros han optado por «huir del problema real» que se les ha planteado, sin afrontarlo, porque la respuesta que buscaba el Govern era establecer la proporcionalidad de «unas medidas restrictivas y la necesidad real de adoptarlas en función de la situación que marque la evolución de la pandemia». El veterano magistrado insiste en la necesidad de huir de interpretaciones de forma, puesto que se debe entrar en el fondo de la discusión que se planteaba.
El magistrado Pablo Delfont coincide con el mismo criterio que defiende el presidente del tribunal del que forma parte. Tampoco está conforme el juez en que el TSJB no haya aceptado a trámite la demanda del Govern, al entender que era una petición prematura, planteada antes de que se hubieran concretado las medidas adoptadas.
