El Govern no ha encontrado en la Justicia la solución que buscaba ante la posibilidad de mantener las medidas restrictivas a partir del momento que quede sin efecto el estado de alarma decretado por el Gobierno, que termina el próximo domingo. El Ejecutivo buscaba el aval de los jueces ante su decisión de mantener estas restricciones, como por ejemplo imponer el toque de queda a las once la noche o limitar el número de personas en reuniones sociales o familiares.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha rechazado la propuesta del Govern, porque entienden los jueces que no se pueden pronunciar sobre decisiones que todavía no se han adoptado. Es decir, considera que antes de que se adopte una decisión judicial, el Ejecutivo debe pronunciarse y concretar qué tipo de medidas pretende aplicar para afrontar la crisis sanitaria. Y que una vez que se concreten las decisiones políticas, en una nueva demanda, el tribunal podrá pronunciarse sobre la legalidad de las mismas.

El Tribunal entiende que los jueces no se pueden pronunciar sobre decisiones que todavía no se han adoptado

Sin embargo, la decisión de inadmitir la solicitud de autorización judicial de medidas sanitarias no ha sido unánime en el tribunal. Se ha impuesto la mayoría, ante la posición discrepante de dos de los cinco magistrados, que precisamente son los más veteranos de la Sala. Los jueces Gabriel Fiol (presidente) y Pablo Delfont discrepan de la mayoría, aunque respetan su decisión, por lo que se adopta la opinión de los tres magistrados que coinciden en que no se puede aceptar esta petición planteada por el Govern.

En uno de los voto particulares el juez Pablo Delfont señala que “vivimos con una pandemia que pone en riesgo casi todo. Esa realidad no deroga nada, pero llama a promover las soluciones más eficaces, y prosperas para todos, empezando por la salud pública”. E insiste en que “interpretar, en general, es comprender”. El juez coincide, por tanto, con su compañero Gabriel Fiol y entiende que el Tribunal sí debió entrar en el fondo de la petición del Govern, y aclarar si eran legales, o no, las medidas restrictivas que pretende aplicar el Ejecutivo una vez que se termine el estado de alarma.