Cinco días para finalizar el estado de alarma y todas las restricciones están en el aire. La presidenta del Govern, Francina Armengol, espera el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) sobre qué medidas podrá seguir aplicando para contener el coronavirus a partir del próximo lunes en las islas y la preocupación es máxima en el gobierno autonómico. El rechazo de la fiscalía ha encendido todas las alarmas en el Govern, no tanto por la oposición sobre el toque de queda, como por una medida que se daba por segura y sobre la que se sustenta todo el edificio restrictivo: la limitación del número máximo de personas en las reuniones sociales y familiares. Si la medida cae, se tambalea toda la arquitectura de restricciones en el archipiélago y puede forzar a un cambio drástico de estrategia por parte del Govern.
El Govern realizó ayer una consulta al TSJB, quien ha dado el visto bueno hasta la fecha a todas las restricciones aplicadas en las islas, sobre qué medidas puede seguir aplicando una vez decaiga el estado de alarma: con las dudas puestas principalmente en el toque de queda, los controles sanitarios en el aeropuerto a los pasajeros nacionales y el máximo de personas en las reuniones sociales, familiares y también de culto. Si bien las dudas parecían concentrarse en el toque de queda, la Fiscalía ha encendido todas las alarmas al cuestionar también la limitación en las reuniones sociales y familiares.
”Le hemos hecho consulta al TSJB y ahora es el que se tiene que pronunciar”, ha respondido la presidenta Armengol al ser preguntada por el posicionamiento del ministerio fiscal, y alertando que “si el TSJB dice que no se pueden aplicar no se pueden aplicar y sólo podremos buscar otras medidas alternativas”. El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha descartado dar cobertura a las comunidades para mantener las restricciones que decaigan el domingo.
Si bien esas “medidas alternativas” que plantea Armengol servirían para compensar el final del toque de queda, lo que preocupa al Govern es que pueda tumbarse la potestad de mantener la limitación al número de personas en reuniones sociales y familiares en domicilios, establecida en 6 desde el pasado octubre. Previamente se limitó a 15 en agosto y 10 en septiembre. Si bien el TSJB llegó a avalar esa medida sin estado de alarma entre septiembre y octubre aquí en las islas, el miedo reside en que la situación sanitaria no es la misma y en que los tribunales de otras comunidades ya han tumbado la medida.
Si la medida decae, no habría ninguna limitación a las reuniones sociales en pisos o casas particulares. Una situación que los científicos que asesoran al Govern temen que pueda suponer un repunte de contagios por el riesgo de los interiores, de tratarse de espacios sin uso de mascarilla y por el clima de relajación. Además, perderían todo el sentido las restricciones en el interior de bares y restaurantes o las limitaciones de aforo en cualquier otro espacio. Se trataría de una precipitada vuelta a la normalidad cuando todavía el porcentaje de población inmunizada no alcanza el 10% de la población de Baleares.
De esta manera, la estrategia de desescalada lenta del Govern queda totalmente en el aire y en manos de la justicia.
