El Govern insiste en una «desescalada lenta», en «ser cautos» y en que las cifras piden «prudencia». Quedan cinco días para el fin del estado de alarma, pero la realidad es que todo apunta a que nada va a cambiar demasiado en cuanto a restricciones se refiere. Con la voluntad de mantener el toque de queda, el aval de la justicia a medidas como la limitación de personas en las reuniones sociales y con dudas sobre la apertura de interiores de la hostelería, las principales medidas para el control de la pandemia del coronavirus podrían permanecer intactas tras el 9 de mayo en Balears.
El estado de alarma finaliza el próximo domingo y el Govern no pasa de mensajes encriptados sobre el futuro de las medidas. Un hermetismo que no está claro si se debe a las dudas jurídicas que despiertan algunas medidas, a la incertidumbre sobre la evolución de los contagios o sencillamente a una estrategia de comunicación de cara a las negociaciones con los sectores económicos. O a todo.
Mientras aumenta la presión para saber qué medidas permanecerán y cuáles llegaran a su fin una vez decaiga el estado de alarma, el portavoz del Govern, Iago Negueruela, se cerró ayer en banda, remitiendo a la reunión del viernes, donde se decidirán formalmente todas las medidas en Consell de Govern. En la misma línea, la consellera de Salud, Patricia Gómez, evitaba concretar qué restricciones permanecerán y cuáles llegarán a su fin, limitándose a explicar que se está «trabajando a nivel jurídico» y «estudiando con otras comunidades» y con el Gobierno cómo mantener medidas como el toque de queda a las 23h o los controles sanitarios en los aeropuertos a los pasajeros procedentes de la península.
Hasta la fecha ha quedado clara la voluntad de mantener el toque de queda. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido por activa y por pasiva la necesidad de una medida que ha definido de «fundamental». Sin embargo, se trata de la medida que genera más dudas que se puedan aplicar sin el paraguas del estado de alarma. El Govern lleva semanas estudiándolo a nivel jurídico, incluso barajando la posibilidad de aplicarlo por decreto.
Por lo que se refiere al interior de la hostelería, el sector ya daba por hecho su apertura en la última actualización y sin embargo topó con la negativa del Govern. Es una de las medidas que el Ejecutivo sabe que puede mantener aunque no haya estado de alarma y por la que más presionan los científicos que asesoran a Armengol, que insisten en que el mayor riesgo está en los interiores.
Sobre las limitaciones de personas en las reuniones sociales y familiares, pese al hermetismo, la consellera de Salud recordó ayer que, aunque afecta a derechos fundamentales como el derecho de reunión, fue certificada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJB) antes de decretarse el segundo estado de alarma y dejó entrever que por ahora se mantendrá: «La situación nos invita a la prudencia para aumentar los núcleos de estas reuniones sociales o familiares».
«Hay que ser muy cautos en la flexibilización», defendió la consellera de Salud, prometiendo que la «normalización» llegará «a medio plazo». En este sentido, defendió que aunque «la incidencia del coronavirus se mantiene en parámetros razonables» -en estos momentos 64 casos por cada 100.000 habitantes en Balears, 58 en Mallorca- «hay que mantener medidas». «No entendemos que otras comunidades no lo hagan», llegó a expresar la consellera Gómez.
Medidas «desproporcionadas»
«Queremos saber qué ocurrirá y qué medidas se adoptarán una vez finalice el estado de alarma el próximo 9 de mayo». Fue una reclamación en la que coincidieron ayer todos los partidos de la oposición, PP, Ciudadanos, El Pi y Vox e incluso los socios de Més.
«Debe haber transparencia y transmitirse tranquilidad en relación a lo que ocurrirá y qué medidas se aplicaran tras el estado de alarma. Le pedimos a Armengol que busque el equilibrio entre salud y economía, con las medidas oportunas y los controles necesarios, porque es un binomio que la presidenta ha desequilibrado y los ciudadanos ya no pueden aguantar más», defendió el líder del PP, Biel Company: «No puede continuar combatiendo el virus exclusivamente con restricciones». Desde Vox tildaron de «desproporcionadas» las actuales medidas y en la misma línea, la portavoz de El Pi, Lina Pons defendió «una flexibilización de la restauración» y saber «qué pasará a partir del 9 de mayo». «Esperamos que la presidenta sepa qué hacer a partir del 10 de mayo y lo anuncie con tiempo», sostuvo Pons.
Tanto Ciudadanos como incluso los socios de Armengol, Més, cuestionaron la fórmula para alargar las medidas. Tanto liberales como ecosoberanistas coincidieron en la necesidad de que el Gobierno proporcionara un marco jurídico «claro» para el mantenimiento de las restricciones, así como de los controles sanitarios en puertos y aeropuertos.
