La tramitación de la legalización de seis naves industriales en suelo rústico de Sant Antoni también divide al equipo de gobierno. El secretario de la Corporación ha emitido un informe a favor de la legalización de las naves al amparo de la disposición transitoria10 de la Ley 2/2014 de Ordenación y Usos del Suelo en Balears (LOUS) aprobada por el anterior gobierno autónomo del PP, la misma norma a la que se acogió, infructuosamente, el exconcejal de Hacienda Xico Cardona, para tratar de legalizar su vivienda.
El Consell se ha negado a emitir un informe con el argumento de que no tiene la función de dirimir entre informes municipales contrarios
El secretario acepta las alegaciones de los propietarios de las naves después de que el Consistorio denegara esta posibilidad al amparo de un dictamen jurídico externo, ratificado, en otro informe, por la jefa de Urbanismo del Ayuntamiento. La jurista del departamento de Urbanismo consideraba que la DT 10 de la LOUS no basta para legalizar dichas actividades industriales, prohibidas en suelo rústico, mientras que el secretario considera que sí y que este era el ánimo del legislador al aprobar dicha ley urbanística.
Con el visto bueno del secretario, la legalización de las naves llegó a la junta de gobierno del 10 de junio del año pasado para su aprobación, pero por discrepancias internas se decidió su retirada del orden del día y, meses después, en otra junta de gobierno, se decidió pedir al Consell de Ibiza, que es competente en suelo rústico, que emitiera un informe jurídico para disipar las dudas sobre la interpertación de la ley urbanística del PP.
El Consell se desmarca
Esta petición se hizo a mediados de febrero de este año. Acto seguido, el Consistorio recibió una respuesta del vicepresidente primero y conseller de Territorio, Mariano Juan, en la que indicaba que la institución insular «no tiene la función de dirimir entre informes jurídicos municipales contradictorios después de que hayan sido emitidos». También justificaba Mariano Juan su negativa a atender la petición de auxilio técnico del Ayuntamiento, en la que tampoco se planteaba ni motivaba qué dudas existían ni se acompañaba la solicitud con un informe jurídico que la razonase.
La jefa de Urbanismo considera que la ley urbanística del PP no es suficiente para legalizar las naves, pero el secretario dice que sí
El portavoz del grupo PSOE-Reinicia, Simón Planells, que fue quien reveló en el pleno de marzo esta situación, criticó la negativa del Consell. Desde entonces, una portavoz municipal asegura que no ha habido ninguna novedad más. Sin embargo, el primer teniente de alcalde, Joan Torres, de Proposta per Ibiza, asegura que ya ha trasladado a sus socios de gobierno que se reitere al Consell la petición de dicho informe.
De hecho, Torres, que no dijo nada en el pleno de marzo cuando el PSOE-Reinicia pidió explicaciones sobre este asunto, asegura que la respuesta del vicepresidente del Consell le dejó «sorprendido». «Nosotros pedimos un informe técnico y recibimos una respuesta política», asegura el primer teniente de alcalde, que recuerda que en otras ocasiones la institución insular sí que ha emitido informes técnicos cuando el Ayuntamiento lo había pedido. «¿Por qué ahora no lo hace?», cuestiona Torres, que asegura estar «cansado» de las discrepancias entre los técnicos municipales.
Sí hubo informe del chiringuito
El segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos (Cs), tampoco entiende los motivos por los que el Consell se ha negado a emitir este informe y también recuerda que sí lo ha hecho en otras ocasiones, como «en el caso del chiringuito» de Cala Gració. Sin embargo, a diferencia de Proposta per Ibiza, el concejal de Ciudadanos considera que «no queda más remedio» que llevar esta cuestión de nuevo a la junta de gobierno. «No podemos hacer esperar la solicitud de estas personas [la legalización de las naves en suelo rústico]. Una vez ahí, cada uno decidirá lo que considere», asegura, en referencia al sentido del voto de los miembros de la junta de gobierno, formada por PP y los dos concejales de Proposta per Ibiza y Ciudadanos.
La ley que regula las actividades no prevé esta amnistía
La disposición transitoria 10 de la ley urbanística aprobada por el PP en 2014 preveía, durante un plazo máximo de tres años, la legalización de edificaciones existentes en suelo rústico cuya infracción hubiera prescrito en el momento de la aprobación de dicha norma. La jefa de Urbanismo de Sant Antoni rechaza el uso de esta vía para legalizar las naves porque la misma ley del PP prevé que las obras ligadas a actividades permanentes, como en este caso, se regiran por lo previsto en la ley de actividades, que es previa y que no contempla esta posibilidad. e.r.
«Si el Consell no quiere hacer un informe jurídico como le pedimos, no queda más camino que llevar los expedientes a la junta de gobierno. Si se puede legalizar, los propietarios deberán cumplir una serie de requisitos técnicos», indica el concejal de Cs, al tiempo que apunta que tanto él como Torres pidieron al alcalde que hiciera alguna gestión, al margen del ámbito administrativo, para que reclamara al vicepresidente del Consell la emisión de dicho informe. «No sé si se ha hecho», apunta.
El alcalde, Marcos Serra, que ahora gestiona también el área de Urbanismo, ha rehusado atender las peticiones de información de este diario sobre este asunto.
