El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, informó en el pleno celebrado ayer de que el Ayuntamiento ya ha tomado una decisión sobre el expediente de declaración de ruina de los apartamentos Don Pepe, donde fueron evacuadas 18 viviendas de dos escaleras del edificio, en es Codolar.
Guerrero, que no quiso avanzar más detalles hasta reunirse con los afectados, admitió, no obstante, que «tiene muy mala solución». «No nos tenemos que engañar», se resignó, «pero alguna solución trataremos de darles [a los vecinos]». El alcalde respondía así a una solicitud del portavoz de Ciudadanos, Dani Becerra, durante el turno de ruegos y preguntas. Becerra se interesaba por el futuro del Don Pepe, cuando «el mes que viene se cumple un año de los desalojos». Guerrero indicó que convocará este encuentro en los próximos días.
Por su parte, los vecinos consultados lamentaron que sufren la misma incertidumbre desde el verano pasado. También siguen a la espera de que se resuelva el recurso del Ayuntamiento contra el auto del TSJB que le obliga a realojar a los evacuados. Los apartamentos Don Pepe constan de dos bloques, con cinco escaleras cada uno, construido en los años 60.
Tras un informe de los arquitectos municipales que advertía de riesgo de derrumbe, el Ayuntamiento ordenó la evacuación de dos escaleras de uno de los edificios. Además, está a la espera de la Inspección Técnica de Edificaciones que requirió a los propietarios del segundo bloque.
Todos los grupos secundaron ampliar el contrato de dos trabajadores de refuerzo de los Servicios Sociales
Compromiso ambiental
El pleno acordó la adhesión de Sant Josep al Pacto de Alcaldes por la Energía Sostenible y el Clima, una iniciativa europea a la que ya se había sumado Vila. Con este acuerdo, el Ayuntamiento se compromete a presentar, antes de dos años, una plan de actuación para contribuir a reducir un 40% la emisión global de gases de efecto invernadero, como marca la Agenda 2030.
Este propuesta del equipo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos contó con el apoyo de los grupos de la oposición [PP, Ciudadanos, Ara Ibiza y Proposta per Ibiza], salvo la abstención de Vox. «Estamos de acuerdo con las energías renovables, pero no compartimos la obediencia ni la ideología de la Agenda 2030», justificó la concejala de esta formación, Pino Vidal.
Por otra parte, el pleno desestimó conceder a la UTE es Vedrà el pago de los incentivos por la recogida selectiva en 2020, ya que no alcanzó el objetivo del 20,35% del total de los residuos generados en el municipio y se quedó en el 19,2%. La UTE percibió el año pasado 75.000 euros por cumplir con ese porcentaje en 2019. El incumplimiento se justificó por la falta de actividad de las grandes empresas que reciclan de manera programada, como los hoteles.
Todos los grupos secundaron destinar 52.222 euros del plan de contigencia para ampliar, hasta final de año, el contrato de dos trabajadores de refuerzo de los Servicios Sociales, dentro del plan de contingencia por el covid. Toda la oposición secundó esta propuesta, si bien PP, Proposta per Ibiza y Vox advirtieron de que esta situación no era sobrevenida y debía haberse previsto en los presupuestos municipales.
Por otro lado, el pleno mostró unanimidad total para condecorar con la Cruz del Mérito Policial a toda la plantilla de la Policía Local, en reconocimiento a su labor durante la crisis del coronavirus.
