El director de la Oficina de Lucha Contra la Corrupción de Balears, Jaume Far, pidió reunirse con los dos socios de la presidenta Francina Armengol en el Govern, Més y Podemos, para dar su versión sobre el conflicto de su departamento con el Ejecutivo autonómico. Especialmente tras el informe de la Sindicatura de Cuentas que acusa a Anticorrupción de irregularidades en la contratación y de recursos humanos. Unas presuntas irregularidades por las que Far comparecerá hoy en el Parlament.
Far también habló de ello con otros grupos parlamentarios, pero el interés estaba en contar su versión a las dos formaciones que apoyan al PSIB-PSOE. Se reunió con Podemos, pero desde Més le emplazaron a ir vía Parlament.
El enfrentamiento empezó cuando Far investigó al síndico mayor de la Sindicatura, Joan Rosselló
Desde ambos partidos confirmaron que en el PSOE no están nada contentos con la labor de Far al frente de Anticorrupción, especialmente desde que puso en marcha las investigaciones sobre la vacunación de cargos del IB-Salut y del Consell de Mallorca. Una investigación que ha desencadenado la guerra abierta, con el Govern bloqueando el envío a Anticorrupción de la información sobre los listados de vacunados desde el 27 de diciembre hasta el 3 de mayo, unas 130.000 personas. Acto seguido, Anticorrupción contraatacó pidiendo cuáles de los 1.800 cargos públicos de Balears se habían vacunado. A ello también hay que añadir la investigación sobre las contrataciones por la vía de urgencia por parte de la conselleria de Salud.
Fuentes de Podemos explicaron a este periódico que el director de Anticorrupción mostró de forma especial su preocupación por los enfrentamientos con la Sindicatura de Comptes, organismo que ha elaborado el duro informe sobre sus contrataciones.
Todo empezó cuando Diario de Mallorca reveló en 2019 que Anticorrupción inició una investigación contra el síndico mayor de la Sindicatura y ex director general de Presupuestos de Francesc Antich, Joan Rosselló, por haber auditado a la UIB en la que había trabajado. Far inició las comprobaciones para dirimir si se había incurrido en una incompatibilidad, pero terminó archivando el caso. A partir de ese momento la guerra entre altos funcionarios del Govern y Jaume Far ha sido dura y ha terminado implicando al principal partido del pacto, el PSOE.
La Sindicatura respondió a Far anunciando que vigilaría sus cuentas. La Abogacía de la Comunidad se unió a las hostilidades acusando a Anticorrupción de poner en marcha procesos por los que no es competente, como por ejemplo el de las vacunas.
