El director de la Oficina de Lucha contra la Corrupción, Jaume Far, envió un escrito el pasado lunes al Govern tras bloquearle los listados de los vacunados para iniciar la investigación sobre los altos cargos inmunizados del Ib-Salut y el Consell de Mallorca. Far les advierte de que la Ley 16/2016 de creación de la Oficina Anticorrupción «establece la responsabilidad en que puede incurrir el personal al servicio de las entidades públicas de Balears, los cargos públicos y los particulares incluidos en el ámbito de actuación de la Oficina que impidan o dificulten el ejercicio de sus funciones o que se nieguen a facilitarle los informes, documentos o expedientes que le sean requeridos».
Armengol asegura que Jaume Far nunca pidió documentación sobre cargos vacunados, pidió la de 130.000 personas
Esta amenaza viene a consecuencia de que Anticorrupción, al ver que el Govern se escudaba en la protección de datos para no remitir los listados de todas las personas vacunadas (unas 130.0000), decidió contraatacar. Y reclamó, uno por uno con nombre y apellidos e información por escrito, si los 1.800 cargos públicos de las islas se habían vacunado y si se habían saltado los protocolos valiéndose de su posición de privilegio. El listado incluye desde la presidenta, Francina Armengol, hasta el último concejal de pueblo. Anticorrupción investiga la presunta vacunación irregular de seis cargos del IB-Salut y el Consell de Mallorca. .
La advertencia de Far pretende hacer saber al Ejecutivo que, en caso de negarse por segunda vez a facilitar la documentación para investigar, tomará medidas.
La Ley 16/2016 de creación de la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Balears establece en su artículo 29 como «infracciones muy graves: A) El hecho de impedir o dificultar el ejercicio de las funciones de esta oficina cuando se aprecie mala fe o intencionalidad. B) La no entrega de la información clave que requiera la Oficina de Lucha contra la Corrupción en los plazos indicados en la solicitud, cuando derive en un perjuicio muy grave o sea causa de paralización de la investigación o el expediente para los cuales se solicita. C) La remisión de información clave incompleta o inexacta en los requerimientos de información de la Oficina».
En el apartado de sanciones, la norma apunta que las multas por las infracciones muy graves pueden oscilar entre 1.000 y 100.000 euros.
