El Ayuntamiento de Sant Josep también exige una autorización para la extracción de la tierra acumulada en Platja d’en Bossa ordenada por sentencia judicial. Hace unos días, la Policía Local se presentó en la zona para requerir los permisos que amparan el movimiento de tierra en esta finca y, según un portavoz municipal, no se aportó ninguna autorización. Los técnicos están redactando un informe sobre esta cuestión y, según las fuentes consultadas, si no se presenta alguna autorización se procederá a ordenar la paralización de los trabajos.
La concesionaria de la autovía del aeropuerto (UTE Accesos Ibiza) prevé retirar, por mandato judicial, la tierra acumulada en dos parcelas propiedad de Fiesta Hotels & Resorts, del Grupo de Empresas Matutes, en algo más de siete meses, en concreto en 220 días, según el plan de trabajo presentado a la conselleria balear de Movilidad. Una portavoz del Ejecutivo autónomo explicó ayer a este diario que este plazo de ejecución se considera demasiado largo y, por ello, se están manteniendo conversaciones con la concesionaria para que dé cumplimiento antes a la sentencia.
Los trabajos se han iniciado en la parcela número 56, situada al sur de la autovía, a la altura del hipódromo, y en la que se halla la balsa de drenaje. La concesionaria también tiene la obligación por sentencia judicial de evacuar los áridos de la 59, también al sur de la autovía, justo por encima de las instalaciones de Aguamar.
El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ordenó la retirada de la tierra de estos dos terrenos porque no estaban incluidos «en el pacto verbal» existente entre el Grupo de Empresas Matutes y la concesionaria de la autovía para destinar la tierra de las obras de la autovía al campo de golf proyectado en Platja d’en Bossa. Además, condenó al Govern a pagar un millón de euros de indemnización a la propiedad.
El ejemplo de una demolición
El alcalde, Ángel Luis Guerrero, entiende que aunque haya una sentencia que ordene la retirada de la tierra, «no implica que no se necesite alguna autorización». En este sentido, Guerrero recuerda, por ejemplo, que para ejecutar una orden judicial de derribo de una construcción, el afectado debe primero presentar el correspondiente proyecto de demolición para obtener la licencia.
En este caso, Guerrero explica que el Ayuntamiento tiene sus dudas sobre si la autorización antigua de las obras de la autovía avalan la retirada de la tierra que en su día no se hizo. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el Govern ya recepcionó las obras. «No sabemos en qué se ampara esta actividad, pero los juristas creen que como mínimo necesitan una licencia de movimiento de tierra», advierte el alcalde.
El Consistorio ya requirió a la misma empresa de transportes que desde hace años extrae y comercializa la tierra acumulada en la finca 52, al oeste de la calle Gamba Roja, si tenía una autorización y al no aportarla, le instó a paralizar la actividad. Un portavoz municipal explica que no fue necesario dictar una orden de suspensión de los trabajos porque la empresa paró motu propio, y se trasladó a la finca de enfrente, la 56, una de las dos afectadas por la sentencia judicial, en la que ahora se está extrayendo la tierra.
El proyecto de la autovía preveía una ocupación temporal de tierra en un área de 46.000 metros cuadrados de Platja d’en Bossa, pero finalmente se extendió por una superficie de 296.000.
La concesionaria ya ha pagado una sanción de 765.000 euros
La UTE Accesos Ibiza, concesionaria de las obras y el mantenimiento de autovía del aeropuerto, ya ha pagado al Govern balear una sanción de 765.000 euros por su negativa inicial a cumplir la sentencia que obliga a retirar la tierra en dos fincas de Platja d’en Bossa, la 56 y 59, que quedaron al margen del «pacto verbal» entre la propiedad (el Grupo de Empresas Matutes) y la concesionaria para aprovechar la tierra de las obras de la autovía para el campo de golf que se proyectaba. Al margen de ello, desde 2015, una empresa comercializaba hasta hace unas semanas, con el visto bueno del Grupo de Empresas Matutes, la tierra acumulada en la finca 52. La propiedad mantiene que permitió esta actividad, que se ha paralizado por falta de permiso, «a cambio de nada».
