El director de la Oficina de Lucha contra la Corrupción, Jaume Far, contraatacó ayer al bloqueo realizado por el Govern a darle la información requerida para investigar la presunta vacunación irregular de seis altos cargos del IB-Salut y del Consell de Mallorca.
Lo hizo exigiendo al IB-Salut y al Ejecutivo que le indiquen si los 1.800 cargos públicos de las islas, desde la presidenta del Govern, Francina Armengol, hasta el último concejal de pueblo, han sido vacunados. Todo ello pasando por diputados, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, y el resto de miembros del Ejecutivo.
Far había solicitado los listados de todas las personas vacunadas desde el 27 de diciembre, primer día que llegaron las dosis a Balears, hasta el día tres de marzo y el Govern se negó a remitirle esta información alegando que se vulneraba la protección de datos de 130.000 personas. Ante esta situación, el director de Anticorrupción estimó en parte el recurso de la Abogacía de la Comunidad y decidió reclamarles, nombrando uno por uno, los 1.800 cargos públicos de las islas para que expongan de forma oficial si estos dirigentes públicos se han valido de su posición para inmunizarse.
La investigación que ha abierto la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Balears, tras una denuncia del PP, para dirimir si seis altos cargos del IB-Salut y el Consell de Mallorca se vacunaron contra la covid-19 de forma irregular el primer día que llegaron las vacunas a las islas, está encontrando serias dificultades. El Govern, mediante un recurso de la Abogacía de la Comunidad, bloqueó el envío de la información requerida por el director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, para iniciar las pesquisas. El organismo contra la corrupción también había pedido los lotes de vacunas y las dosis sobrantes en cada una de las sesiones de vacunación.
El conseller de Modelo Económico y portavoz del Govern, Iago Negueruela, apuntó ayer que «no está justificado el que se tenga que facilitar un listado de 130.000 personas». Negueruela negó que «el Govern esté intentando proteger o defender» a los presuntamente vacunados de forma irregular. No obstante, puso a trabajar a la Abogacía de la Comunidad para poner trabas a la información requerida por Anticorrupción.
