El Consell Consultiu, el máximo órgano de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma, ha informado favorablemente a la resolución de la concesión del quiosco -bar del paseo Joan Carles I por parte del Ayuntamiento de Ibiza por «incumplimientos graves e injustificables» del titular de la misma.
El concesionario obtuvo, en junio de 2018, mediante una subasta de la Tesorería General de la Seguridad Social, el derecho de uso y explotación del local del paseo marítimo de Vila donde anteriormente se ubicaba el restaurante Cavalli. El Consistorio lo autorizó en mayo de 2019.
Sin embargo, el nuevo concesionario no sólo no puso en marcha el quiosco-bar sino que tampoco abonó los pagos trimestrales del canon. El 20 de julio del año pasado, el tesorero del Consistorio emitió un informe en el que advertía de que la deuda ascendía ya a casi 25.000 euros.
Tampoco hizo caso a la orden municipal, en enero de 2020, por la cual se le instaba a instalar una valla metálica para proteger a las personas, en una zona muy transitada, por el mal estado de las instalaciones: cristales rotos, caída de alicatados de las fachadas, rotura de escalones y mucha suciedad. Entonces, el Ayuntamiento ya advirtió al concesionario de que si no abría el local en verano, podría rescatar la concesión.
Multa coercitiva de 600 euros
Ante la pasividad del concesionario, al cual en agosto del año pasado se le impuso una primera multa coercitiva de 600 euros por no adoptar las medidas de seguridad requeridas, el Ayuntamiento acordó en el pleno de noviembre la aprobación inicial de la resolución de la concesión de uso y explotación del quiosco-bar.
Entonces, el afectado alegó que la pandemia había hecho muy difícil, «por no decir imposible», la puesta a punto y apertura del local y que, a pesar de ello, los arquitectos contactaron con el Ayuntamiento para avanzar en la elaboración del proyecto de reforma de las instalaciones.
El Consultiu discrepa con Vila en que tiene que reclamar al concesionario los daños y perjuicios causados al patrimonio municipal
La culpa de la pandemia
El concesionario destacó que su intención era la de continuar con el proyecto porque su resolución le causaría «un perjuicio económico enorme, dada la inversión hecha hasta el momento: desde la adquisición del local en subasta, el pago de deudas existentes, contratación de técnicos, arquitectos...». Por ello, se amparaba en la situación de pandemia, que «tanto afecta a la actividad económica y social», para que el Ayuntamiento diera marcha atrás a la resolución de la concesión. El Consistorio desestimó sus alegaciones.
Ahora, el Consell Consultiu recuerda que la declaración del estado de alarma, que marcó el inicio de la pandemia, se produjo el 14 de marzo del año pasado, cuando ya habían transcurrido 10 meses desde que se había autorizado la concesión. «Tampoco justifica [el concesionario] por qué no se han llevado a cabo actuaciones para abrir el quiosco una vez levantadas las restricciones decretadas con el estado de alarma, ni en ningún momento se explica por qué no se atendieron los requerimientos de ejecución de las obras de mantenimiento requeridas por el Ayuntamiento, ni los motivos de la falta de pago del canon de la concesión», destaca el informe.
El Consell Consultiu discrepa de que el acuerdo de resolución de la concesión del Ayuntamiento, al amparo de los informes del arquitecto municipal, asegure que no ha habido daños ni perjuicio alguno que tengan que ser reclamados al concesionario. En este sentido, el informe del máximo órgano de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma considera que, «como mínimo, la falta de pago del canon o el deterioro de un bien inmueble municipal constituyen daños y perjuicios al patrimonio y la hacienda del municipio que deberían ser reclamados al concesionario». Al parecer, el concesionario no constituyó ningún tipo de garantía al obtener la concesión.
Concesión hasta 2023
Una portavoz del Consistorio explicó ayer que el departamento de Vías Públicas va a llevar a cabo una actuación para limpiar y retirar todos los elementos que pueden poner en riesgo a las personas que pasean por la zona. Esta concesión, que se inició en febrero de 1993, por un periodo de 30 años, culmina en 2023.
