En el intento de legalización de su vivienda, el concejal de Hacienda de Sant Antoni, Xico Cardona, del PP, defendió en junio de 2015 ante el Ayuntamiento que la casa, construida sin licencia a partir de un almacén agrícola, estaba acabada y la utilizaba como residencia con anterioridad al 25 de marzo de 2006, ocho años y dos meses antes de que entrara en vigor la Ley de Ordenación de Suelo Urbano (LOUS). Dicha ley, aprobada por el último Govern del PP en 2014, permitía, en un plazo de tres años, la legalización de edificaciones en suelo rústico siempre y cuando las infracciones hubieran prescrito (ocho años) cuando la normativa entró en vigor (mayo de ese año).
Se da la circunstancia de que en 2010, algo más de cuatro años después de que Cardona, según dice, residiera ya en la casa, el Ayuntamiento de Sant Antoni le concedió una licencia para la reforma de la otra vivienda de la parcela, la original (anterior a 1956). En este proyecto se grafiaba la casa del concejal de Hacienda como un almacén agrícola aunque ya había sido reconvertido en vivienda.
El informe emitido por la arquitecta municipal en septiembre de 2015 sobre la solicitud de legalización de la residencia de Cardona recordaba el expediente anteriormente citado y destacaba que el 11 de enero de 2011 hizo una inspección y no se le permitió visitar la vivienda del ahora concejal (no especifica quién lo impidió). La funcionaria indica que observó que el aspecto exterior era el de una vivienda, y no un almacén agrícola, y así lo reflejó en su informe.
El concejal de Hacienda ocultó al Consistorio en otro proyecto de 2010 que había convertido el almacén en una casa
Esto sucedió cuando Cardona aún no era un cargo público. Tres meses después, el Butlletí Oficial de les Illes Balears publicaba la candidatura oficial del PP al Ayuntamiento de Sant Antoni en el que Cardona ocupaba el número 7 de la lista. En junio de ese año empezó su etapa como concejal en el equipo de gobierno encabezado por Pepita Gutiérrez. Siendo cargo público en el grupo de la oposición, entre 2015 y 2018, mientras tramitaba la legalización de su casa, construyó una piscina ilegal.
Cardona hizo una reforma de la estructura del almacén original con una licencia municipal de octubre de 2002, cuyo final de obra obtuvo en octubre de 2005. Por ello, la arquitecta municipal sostenía que, de ser cierto que la vivienda ya estaba acabada y habitada antes del 25 de marzo de 2006, la obra de ampliación y reconversión del almacén en una casa se hizo, a partir del final de obra, en casi seis meses. Cardona aportó, en el recurso de reposición (tras la denegación inicial a la legalización de su casa), un acta notarial con el testimonio de dos vecinos que aseguraban que Cardona ya vivía ahí con su familia en marzo de 2006. También presentó una fotografía aérea de 2006 en la que se ve ya la estructura de la casa (aún no estaba el garaje anexo), pero, según la jefa de Urbanismo, estas imágenes se captaron entre julio y octubre de ese año, por lo que no servían para acreditar «la manifiesta prescripción» de la infracción urbanística.
«Pecó de exceso de confianza»
El garaje anexo se finalizó antes de mayo de 2007, según Cardona, que, en su recurso, destacaba que cuando solicitó su legalización (junio de 2015), la infracción había prescrito. Sin embargo, la arquitecta municipal dijo lo contrario en su informe, en el que, por tanto, indicaba que se debía iniciar un expediente de disciplina urbanística. No consta que se hiciera.
Cardona, que tampoco quiso responder ayer la llamada de este diario, aseguró al alcalde, Marcos Serra, según éste, que pecó de «exceso de confianza» al construir la piscina sin permiso porque estaba convencido de que el Ayuntamiento legalizaría su vivienda. Serra restó importancia a esta infracción hace unos días y descartó la dimisión de Cardona por el hecho de que cuando se produjeron los hechos era concejal en la oposición, y no del equipo de gobierno.
La oposición progresista ha pedido la dimisión o la destitución de Xico Cardona y los socios de coalición del PP en el gobierno municipal, Ciudadanos y El Pi, presionan también al alcalde para que prescinda del concejal.
