Los principales sindicatos de trabajadores del sector público de Balears, que agrupan a las asociaciones profesionales de las fuerzas de seguridad (Jucil y Jupol), distintos sindicatos del sector de la sanidad (Simebal, Satse y USAE), así como de funcionarios y docentes (CSIF y ANPE), constituyeron el pasado 25 de marzo la Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos (Unisep) de Balears.
En su presentación a través de un comunicado hacen toda una declaración de intenciones, al afirmar: «Unisep nace para hacer frente al inmovilismo de nuestros representantes políticos a todos los niveles».
La plataforma se refiere a que la pandemia del covid ha evidenciado un problema que el sector de los trabajadores públicos viene denunciando desde hace décadas, y que no es otro que «la constante debilidad que aqueja a los servicios públicos en Balears, incapaces de consolidar unas plantillas que arrojen ratios aceptables de trabajadores públicos, adaptados a la realidad social de la Comunitat». Advierten de que esta cuestión «afecta directamente al ciudadano, dejándole en situación de inferioridad frente a los servicios y atenciones públicas que reciben los habitantes de otras comunidades autónomas».
Además, señalan que los políticos «son perfectos conocedores de las soluciones a este problema recogidas en la legislación vigente, pero totalmente pasivos en su aplicación al tiempo actual». Entienden que esta circunstancia «no ha sido escuchada ni solucionada por los gobernantes en los últimos años, cualquiera que fuere su color político».
Este colectivo insiste en que con el firme propósito de revertir esta situación se ha constituido la Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos, que agrupa a los representantes de trabajadores públicos «considerados esenciales, dependientes tanto de la Administración central como de la autonómica».
Unisep se define como «apolítica» y añade que quienes forman parte de esta plataforma se sienten «hastiados de la utilización que históricamente se ha hecho de esta reclamación por parte de la clase política». «Siempre combativos y propensos a la foto cuando desde la oposición se trata de presionar al rival, pero una vez en el poder, extremadamente olvidadizos e insensibles ante esta deuda que arrastran con los ciudadanos de Balears».
Indemnización por residencia
Una de las principales reclamaciones de este colectivo es económica, para equipararlos con el plus de residencia de los funcionarios que trabajan en los mismos sectores en Canarias, Ceuta y Melilla. En la nota, Unisep considera «la indemnización por residencia una herramienta que, tanto en Canarias como en Ceuta y Melilla, con quienes Balears comparte la condición de extra peninsular, ha demostrado que correctamente aplicada es sumamente efectiva en la fidelización de trabajadores públicos y en la consolidación de unas plantillas que proporcionen a sus ciudadanos los servicios de calidad que merecen».
Añaden que «en Balears el único servicio de calidad que se pretende para sus ciudadanos es el político, pues es públicamente conocida la exorbitada cantidad con que compensan a los suyos por prestar sus servicios, asegurándose así que al ciudadano nunca le falte un político». «Unisep viene a presentar batalla firmemente por el derecho de los ciudadanos de Balears a recibir unos servicios públicos dignos, no solo el político, y en igualdad con los de otras comunidades autónomas».
La plataforma tiene previsto presentarse ante los medios de comunicación el próximo 7 de abril.
