La Guardia Civil anunció ayer que incrementará la vigilancia para evitar fiestas ilegales en Semana Santa, y recordó que los titulares o empresas comercializadoras que cedan el uso o alquilen estancias vacacionales en las que se celebren este tipo de eventos podrán ser multados. La normativa turística obliga a los propietarios de estos espacios a desalojar a los clientes en caso de que se estén celebrando fiestas, recalcó la Comandancia.
Los incumplimientos de este tipo pueden acarrear la prohibición de la comercialización turística durante un periodo de hasta tres años. Al mismo tiempo, recordó la Guardia Civil, la omisión en el cumplimiento de las obligaciones sanitarias, establecidas tanto por el Estado como por el Govern para afrontar la crisis ocasionada por el covid, podría también suponer denuncias contra entidades proveedores de suministros o servicios para la celebración u organización de fiestas, tanto en espacios públicos como en espacios privados.
