El Partido Popular, a través de sus diputados Miquel Jerez y Marga Prohens, ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso a fin de eliminar la autorización militar preceptiva para la adquisición de bienes inmuebles en suelo rústico por parte de ciudadanos extranjeros que, desde la salida de la UE del Reino Unido, también afecta a los ciudadanos británicos, tal como informó este diario.

Marga Prohens afirma que «a quien elija nuestras islas para establecer su residencia e invertir económicamente hay que ponerle las cosas más fáciles. Para ello es necesario agilizar trámites. Y todo esto pasa por eliminar esta fiscalización militar para extranjeros y proponer otras medidas que no supongan mayores complicaciones». Por eso ambos proponen en el Congreso que el permiso militar se sustituya por «una comunicación telemática notarial al Ministerio de Defensa una vez firmada la escritura de compra de tal manera que no se obstaculice la adquisición de bienes por motivo de su nacionalidad».

En todo el territorio insular la adquisición de bienes inmuebles sigue estando sujeta a la obligada obtención previa e indispensable de una autorización militar. Se trata de las zonas llamadas «de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros» y afectan principalmente al suelo rústico. Esta condición se encuentra regulada en una ley preconstitucional, la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional. Con la entrada de España en la Unión Europea, la exigencia subjetiva de este precepto fue modificada para que los ciudadanos de la Unión Europea fueran considerados como nacionales y no tuvieran que solicitar estas autorizaciones. Para el otorgamiento de esta autorización militar por parte del Ministerio de Defensa se requiere, entre otras cosas, que el solicitante aporte certificado de antecedentes penales del país de origen y un plano de situación indicando incluso cuál es la distancia a la instalación militar española más próxima.

«Este nivel de exigencia puede influir en la motivación a la hora de adquirir inmuebles en España por parte de extranjeros y más si tenemos en cuenta que el trámite puede alargarse por periodos de tiempo superiores a los seis meses», asegura Jerez: «La inversión extranjera en estos momentos de recesión económica motivada por la crisis sanitaria puede servir de elemento incentivador para reactivar un sector seriamente castigado como el inmobiliario y a la vez puede contribuir a relanzar otros sectores en el ámbito de los servicios gravemente perjudicados».

Jerez señala que «se hace imprescindible reformar esta legislación para adaptarla a la situación económica y social del momento. En la época preconstitucional los intereses estratégicos del Estado se protegían de una determinada manera y hoy, cuando España está integrada en distintas alianzas de defensa común, carece de sentido hacerlo de la misma forma. Urge reformar una legislación que ha quedado petrificada en el tiempo y que obstaculiza la inversión extranjera en nuestro país».