Una denuncia del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) en la que alertaba de que las obras de una urbanización en Cala Molí invadían una zona protegida e inedificable (Área Natural de Especial Interés) supuso, en 2005, el inicio del procedimiento judicial del llamado caso Huerta. El origen de esta causa judicial sigue en pie: una estructura de hormigón de lo que tenían que ser 12 apartamentos, 16 estudios, dos viviendas, 15 piscinas , dos locales y trasteros. Este proyecto fue redactado por Pilar Fernández y el entonces arquitecto municipal, Antonio Huerta Briz, su suegro, emitió un informe favorable como arquitecto municipal de Sant Josep.
Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) avaló a finales de 2007 la anulación de la licencia, el Ayuntamiento de Sant Josep todavía no ha abierto un expediente para que se restablezca la legalidad y se derribe la estructura de hormigón.
En octubre de 2018, el ahora alcalde, Ángel Luis Guerrero, aseguraba a este diario que «en breve» se iba a iniciar el procedimiento para forzar el derribo de esta edificación, al tiempo que decía que desconocía los motivos por los que no se había hecho antes. Dos años y medio después aún no se ha dado el primer paso, según informó ayer un portavoz del Consistorio.
El alcalde siempre ha manifestado que el caso Huerta representa la herencia urbanística que dejó el PP, pero ayer, una vez confirmada la sentencia, rehusó hacer comentario alguno.
El momento clave del caso Huerta se produjo en octubre de 2008, cuando la Guardia Civil llevó a cabo la operación Pitiusa: un contingente de 30 agentes llegados desde Mallorca llevaron a cabo durante varios días registros en los despachos y viviendas de Antonio Huerta Briz y su entorno familiar. También se registró el Ayuntamiento de Sant Josep.
Su hijo Antonio Huerta Chamorro y su entonces pareja, Pilar Fernández, fueron detenidos. Huerta Briz se encontraba en el extranjero en ese momento y regresó de inmediato a Eivissa, donde también fue detenido. Su hijo y su nuera quedaron en libertad tras el pago de una fianza, pero el exarquitecto municipal estuvo en prisión provisional durante cinco meses. Para salir tuvo que pagar una fianza de 100.000 euros.
Tras la operación Pitiusa, el caso Huerta quedó bloqueado durante cinco años a la espera de que la Guardia Civil entregara al juzgado el informe sobre la documentación incautada en los registros.
Detectives cazaron a Huerta con cámara oculta
Antes de que se iniciara la instrucción del caso Huerta, el Colegio de Arquitectos ya investigaba a Antonio Huerta Briz por las sospechas de que estaba acaparando de forma ilegal todos los proyectos que se ejecutaban en Sant Josep.
En 2003, un equipo de detectives contratado por el Colegio de Arquitectos cazó con una cámara oculta al difunto exarquitecto municipal. Los detectives, que se hicieron pasar por promotores urbanísticos, grabaron a Huerta mientras se comprometía a redactar y tramitar desde su despacho privado la construcción de un edificio en Cala de Bou, a pesar de ser incompatible con su responsabilidad pública. También les explicó que se dedicaba a gestionar la venta de las propiedades.
Las grabaciones se llevaron a cabo durante varios meses y recogieron diversas entrevistas con Huerta, incluso una visita a diversos terrenos de Cala Tarida y Cala Molí en la que les informaba de algunos edificios que había construido él.
El primer juez instructor de la causa consideró válida la prueba del vídeo aportado por el Colegio de Arquitectos de Balears, a pesar del intento de la defensa de Huerta Briz para que fuera declarada nula.
