La defensa del Colegio de Arquitectos de Balears ultima un acuerdo de conformidad con los acusados del caso Huerta que evitará que se celebre la vista oral que está prevista hoy en el Juzgado de lo Penal número 1. En el caso de que en el último momento no exista una disconformidad entre alguna de las partes (también la Fiscalía) en torno al pacto de conformidad, la jueza dictará sentencia in voce. El Colegio de Arquitectos, que ejerce la acusación particular, no ha querido dar ningún detalle sobre el posible acuerdo a la espera de que se confirme hoy.
Tras la defunción, en 2016, del exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta Briz, se extinguió la responsabilidad penal sobre éste, supuesto cabeza de una trama para monopolizar, pese a ser incompatible por su responsabilidad pública en el Ayuntamiento, los proyectos arquitectónicos que se desarrollaban en Sant Josep, según la acusación.
Sin embargo, el hijo del exarquitecto municipal, Antonio Huerta Chamorro, y la que era entonces su pareja, Pilar Fernández, ambos también arquitectos de profesión, se tendrían que sentar hoy en el banquillo como acusados en el caso de que no se confirmase el acuerdo de conformidad. Fernández firmó entre los años 2000 y 2005 un total de 52 proyectos, todos en Sant Josep, muchos de los cuales eran informados por el padre de su entonces pareja. El Colegio de Arquitectos sostiene que Fernández firmaba los proyectos «a fin de ocultar la incompatibilidad» de Huerta Briz.
Hubo hasta siete imputados
Durante la instrucción se imputó, a petición de la Fiscalía, a siete personas, entre ellas el exconcejal de Urbanismo Josep Marí Ribas Reganes, pero la Fiscalía solicitó el archivo de la causa por la falta de indicios de los delitos por los que se abrió el procedimiento judicial.
El Colegio de Arquitectos presentó inicialmente acusación contra el hijo de Antonio Huerta y la que era su pareja, Pilar Fernández
El Colegio de Arquitectos presentó, a mediados de 2017, escrito de acusación contra Pilar Fernández, para la que, en ese momento, pedían una condena de 18 meses de prisión, una inhabilitación profesional de tres años y una sanción de 54.000 euros por un presunto delito contra la ordenación del territorio y, alternativamente (una o la otra), una pena de dos años de cárcel, tres de inhabilitación y la misma sanción económica apuntada por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Para Antonio Huerta Chamorro, y también Pilar Fernández, la acusación particular solicitaba una sanción de 54.000 euros y la pena accesoria de inhabilitación durante tres años para ejercer su profesión por un presunto delito de actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos como «cooperadores necesarios» del mismo.
El Colegio de Arquitectos ha renunciado a este escrito de acusación a cambio de que los dos acusados reconozcan los hechos, según las fuentes consultadas, aunque el Colegio de Arquitectos ha rehusado pronunciarse sobre las condiciones del pacto.
La instrucción del caso Huerta arrancó en 2005, a raíz de una denuncia del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) por un presunto delito contra el territorio y el medio ambiente por las obras de una urbanización en Cala Molí que invadía los límites de una Área Natural de Especial Interés (ANEI). Este proyecto lo firmó Pilar Fernández.
