La campaña de la renta, que arranca en un par de semanas, estará marcada por el impacto que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la herramienta usada por miles de empresas de las Pitiusas para hacer frente a la crisis, tengan sobre las declaraciones tributarias de los empleados afectados.
El primer golpe significativo es que habrá bastantes más contribuyentes que tengan que presentar la declaración. Serán todos aquellos que otros años no llegaban a los ingresos mínimos para hacerlo, pero que ahora estarán obligados, al haber tenido dos pagadores: su empresa y el Servicio Público de Empleo (SEPE).
El segundo impacto se notará directamente en el bolsillo. Las asesorías estiman que para un trabajador que haya estado sometido a la regulación de un ERTE durante todo el estado de alarma, que duró más o menos cien días, tendrá que pagarle al Fisco unos 800 euros por término medio. O incluso más.
En Ibiza, los trabajadores afectados por un ERTE durante 2020 se cuentan por miles. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a principios de este año se contabilizaron en Baleares cerca de 35.200 trabajadores en ERTE.
"Todo trabajador en situación de ERTE que haya percibido ingresos del SEPE los tendrá que declarar como mayor importe de sus rentas del trabajo y eso puede provocar una tributación que dependerá de la suma total de sus rentas como contribuyente".
Tal y como explica a Diario de Ibiza Juanjo Noguera, de la Asesoría Unidad, "todo aquel trabajador que haya cobrado un ERTE, lo tendrá que imputar como un mayor importe de sus rentas del trabajo y eso va a provocar una tributación que dependerá de la suma total de las rentas que percibe como contribuyente. Dada la progresividad del IRPF, cuanto más gane, más va a pagar a Hacienda".
Explica también un hecho ineludible para quienes se han beneficiado de un ERTE: "Haber tenido dos pagadores en 2020 conduce a la obligatoriedad de hacer la declaración de la renta si del segundo pagador, en este caso el SEPE, ha cobrado más de 1.500 euros. El dinero ingresado por el expediente de regulación se suma al resto de ingresos obtenidos".
La hora de rendir estas cuentas con Hacienda está a la vuelta de la esquina. Desde el 7 de abril podrán ya presentarse los borradores a través de internet y la campaña del IRPF se cerrará el 30 de junio.
El caso es que los ERTE obligarán a hacer la declaración de la renta a muchos trabajadores que hasta ahora no estaban obligados por sus ingresos anuales. Los límites son los siguientes: todos aquellos que perciban más de 22.000 euros de un solo pagador están obligados a rendir cuentas con el Fisco (como ya ocurría en la campaña anterior, esa cifra no ha variado) o, y aquí viene el embrollo para muchos, también hay que hacer la declaración si se cobran más de 14.000 euros de dos pagadores (la empresa y el SEPE, en este caso), siempre y cuando por el ERTE se hayan percibido más de 1.500 euros.
Los sufridos autónomos
Menos conflictivo, aunque también generará cierta burocracia, será el tratamiento de las prestaciones recibidas por los autónomos que se vieron obligados a cerrar sus negocios durante esta pandemia. Las asesorías aclaran que los autoempleados deberán tributar esas subvenciones como si se trataran de rendimientos del trabajo y no como parte de su actividad económica, lo que en la práctica les beneficia ya que podrán acogerse a ciertas deducciones.
Noguera añade que "las ayudas que han percibido los autónomos por cese de actividad también se contabilizará como una prestación, en este caso de las mutuas, por la que tendrán que tributar. A lo autónomos, el haber recibido estas ayudas no les afecta como a los trabajadores por cuenta ajena que han cobrado el ERTE y que por ello se ven obligados a realizar la declaración de la renta, porque todos los empresarios están obligados a presentar la declaración".
Más líos. Otra fuente de conflictividad puede ser el ingreso mínimo vital (IMV), la paga de subsistencia que ha puesto en marcha el Gobierno para todos aquellos que hayan agotado ya sus prestaciones. La norma dice que todos los que reciban esa paga están obligados a presentar la declaración. “Tanto ellos como sus familiares”, matiza el asesor fiscal de Unidad. El Gobierno busca con esta medida ejercer un mayor control sobre los receptores de estas subvenciones. Ante la marejada que viene, Hacienda ha decidido habilitar, a partir del martes, un simulador en su web para que los contribuyentes vayan ensayando cómo la crisis puede impactar en su declaración.
Hacienda dice que habría que buscar una solución para las regulaciones
El director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, considera que si los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) se van a convertir en un “mecanismo ordinario” dentro del régimen laboral, habría que buscar una solución de cara a la declaración de la renta. “Si se convierten en un mecanismo ordinario dentro del régimen laboral habrá que buscar alguna solución, porque efectivamente se producen disfunciones”, señaló durante unas jornadas organizadas por la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales en Andalucía. “Cuando esto empezó creíamos que iba a durar menos. Para unos meses no hubiese pasado nada si te pagan por otro lado o no te retienen, pero han ido pasando los meses y al final hay gente que ha estado en ERTE demasiado tiempo”, reconoció Gascón. También explicó que “si tienes un expediente de reintegro porque te pagaron de más, no te preocupes, porque los datos fiscales los corregimos si el SEPE nos comunica cuál es el dato correcto, pero si tú lo conoces declara el dato correcto”. El director de la Agencia Tributaria asegura que se está trabajando con el SEPE para intercambiar información y que el contribuyente pueda conocer su situación y qué posibilidades tiene. “Y si hay una contingencia porque resulta que el SEPE le tiene que solicitar el reintegro, que se lo demos resuelto”, señaló. Gascón también hizo referencia durante su intervención a las ayudas directas, por valor de 11.000 millones, que tiene previsto repartir el Gobierno para rescatar a negocios que estén en dificultades y cuyos expedientes Hacienda tiene que valorar. El objetivo, dijo, es que esos trámites se realicen “superrápido” y que “los casos más complejos vayan por otro carril y se puedan resolver de otra manera”. Y añadió: “La Agencia Tributaria está a disposición de las comunidades para trabajar en perfeccionar el modelo y que funcione lo más rápido posible porque es un tema crítico”.
