El Ayuntamiento de Sant Antoni descarta iniciar por ahora un expediente de disciplina urbanística por el inicio de las obras de las dos viviendas de madera en la zona de Can Germà después de desestimar el silencio positivo al que se acogieron sus promotores (la Sociedad Cooperativa Els Sanadors, formada por un grupo de sanitarios residentes en la isla) para empezar a construir sin esperar a la licencia solicitada.
El Consistorio concluye que no son dos viviendas prefabricadas, sino de nueva planta con el sistema tradicional de construcción; en este caso mixto, de hormigón armado y madera, y, por ello, no podían comenzar las obras sin la previa obtención de la licencia.
El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Costa, sostiene que iniciar un proceso sancionador «son palabras mayores» y que «la Administración debe ser razonable y proporcional con los ciudadanos, y respetar sus derechos, siempre de acuerdo con lo que determina la ley», indica Costa, en referencia a la demora del Ayuntamiento en responder a las solicitudes de los promotores sobre la interpretación del silencio positivo. Además, en este caso, destaca que los promotores han «actuado de buena fe» aunque les falta obtener la licencia urbanística.
Proyecto de legalización
Costa explica que ahora lo que corresponde es abrir un expediente de restablecimiento de legalidad para que los promotores presenten un proyecto de legalización. En el caso de que la obras no cumplieran los parámetros urbanísticos (el alcalde, Marcos Serra, ya dijo que se cumplían), sería cuando se abriría «un expediente sancionador», según el concejal de Urbanismo, que recuerda que se trata de un «suelo urbano».
El concejal no puede precisar cuándo se dará la licencia y avanza que no se dará prioridad tras la denegación del silencio positivo
El portavoz de la Sociedad Cooperativa Els Sanadors, Jesús González, asegura que «la situación habría sido más difícil de tolerar» en el caso de que el Consistorio hubiera iniciado un proceso sancionador. Hay que tener en cuenta, destaca González, que hace «dos años y medio» solicitó al Consistorio cómo interpretaba la normativa sobre las viviendas prefabricadas, pero no obtuvo respuesta alguna. Lo mismo sucedió, en un segundo intento, hace un año y medio, recuerda González. En esta situación, los sanitarios, que contaban con un informe de un arquitecto de que las viviendas son prefabricadas, comunicaron al Ayuntamiento que iniciaban las obras, sin esperar a la licencia acogiéndose al silencio positivo. Tampoco hubo respuesta, hasta que en octubre, la jefa del servicio de Urbanismo emitió un primer informe contrario al silencio positivo, ratificado ahora por un arquitecto técnico municipal.
También destaca Jesús González que su proyecto «ha sido muy analizado» y que si hubiera algún incumplimiento del planeamiento urbanístico, «el Ayuntamiento habría actuado por ahí».
«Presiones políticas»
El portavoz de los promotores lamenta que, por culpa de «las presiones políticas», la concejalía de Urbanismo no haya esperado al informe que había encargado a un despacho de arquitectos externo para determinar si la casas son o no prefabricadas. «Lo más prudente hubiera sido esperar. Se habría resuelto con una mayor garantía técnica, aunque el resultado hubiese sido el mismo», dice.
El Ayuntamiento no respondió en dos ocasiones a la petición de información sobre la interpretación legal
González admite reconocer que el Ayuntamiento cuenta «con los recursos que tiene», sin ningún arquitecto en plantilla y, por «las presiones políticas», sobre todo de su socio de gobierno PxE, «el alcalde ha claudicado» y ha encargado el informe a un arquitecto técnico que tiene «solo dos meses y medio de experiencia en el Ayuntamiento». La cooperativa, que defiende que sus construcciones son prefabricadas, está ahora a la espera de recibir un segundo informe de un arquitecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que utilizará para recurrir la denegación del silencio positivo.
En todo caso, González espera que el Ayuntamiento otorgue en un plazo de dos o tres meses la licencia que solicitaron hace dos años y medio, aunque reconoce que no deja de ser «una esperanza». Además, lamenta que los seis meses que el Consistorio ha dedicado a darle vueltas a si las casas son o no prefabricadas, podría haberlos empleado en tramitar la licencia. El concejal de Urbanismo dijo ayer que no podía dar una fecha de cuándo se podrá conceder la licencia. «Sigue su curso, no se hará una excepción», apuntó.
