El departamento de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni ha desestimado el efecto del silencio positivo respecto a la solicitud de la licencia urbanística por parte de la Sociedad Cooperativa Els Sanadors para la edificación de viviendas en una finca en la zona de Can Germà.
El informe del arquitecto técnico municipal concluye que en esta finca se está ejecutando la edificación de unas casas de nueva planta de uso residencial in situ y no de casas prefabricadas, como indicaba el proyecto presentado por la cooperativa de médicos, que decidió construirlas por la escasez de vivienda en Ibiza.
En el informe técnico se acredita que el proceso constructivo corresponde a viviendas de nueva planta con el sistema tradicional, en este caso mixto, de hormigón armado y madera, tanto por el proceso de construcción empleado como por la prolongación en el tiempo de los trabajos, por los residuos generados y por las características de la documentación que acompaña al proyecto.
En consecuencia, Sant Antoni concluye que se trata de una construcción de nueva planta y, por tanto, es un acto sujeto a licencia urbanística municipal, según indica el punto ‘d’ del artículo 146 de Actos sujetos a Licencia Municipal, de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Baleares.
El Ayuntamiento ha notificado ya la resolución a los promotores, que habían paralizado las obras hace unas semanas por precaución ante las dudas sobre su legalidad, y ha indicado que seguirá con la tramitación del expediente de licencia de conformidad, con la normativa urbanística aplicable y siguiendo todos los trámites legales oportunos, y señala que la resolución que en su día se dicte sobre no estará vinculada al silencio positivo, que ya no ampara a esta construcción.
La solución a este conflicto urbanístico, que se prolongaba desde hace casi dos años y que ha provocado una crisis de gobierno municipal en Sant Antoni, se produce una semana después de que el primer teniente de alcalde, Joan Torres, exigiera una "solución" al problema de estas viviendas al alcalde, Marcos Serra. Torres amenazó incluso, si este asunto y otros que mantienen "atascado" el departamento de Urbanismo de la localidad no se resolvían, con romper el pacto de gobierno municipal.
