Los empresarios pitiusos consideran que el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de covid «aliviará a los negocios pitiusos, en general, y puede dar respuesta a una medida que había sido ampliamente solicitada y que, al fin, se pone en marcha», según José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears. Si bien aspectos de ese Real Decreto como los créditos ICO y las quitas ligadas a ellos, y el fondo de recapitalización de empresas afectadas por covid y su gestión encomendada a la sociedad mercantil estatal Cofide (Compañía Española de Financiación del Desarrollo), así como la extensión hasta finales de año de las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales, contienen partes que «no están bien trabajadas» y que denotan «precipitación», avisa.
Por ejemplo, las ayudas directas: «Aquí se nota que el presidente del Gobierno puso primero la cifra (11.000 millones, 900 para Balears) y luego mandó al Ministerio de Economía que le diese forma deprisa y corriendo. Es la parte que genera más dudas. Han quedado cabos sueltos», según Roselló.
Establece, por ejemplo, un régimen de ayudas directas para las empresas que hayan tenido más de un 30% de caída del volumen de operaciones del 2019 al 2020. Para la cantidad que supere el 30%, se otorga un 40% de ayuda máxima en el caso de profesionales que apliquen el régimen de estimación directa. Esa pérdida de ingresos se calcula a través de las declaraciones del IVA. Roselló, que estuvo el lunes en el encuentro en el que la presidenta del Govern, Francina Armengol, explicó esas subvenciones, sugirió que debería «aclararse» el concepto de volumen de operaciones: «Si se calcula con el IVA, se puede incurrir en error: si has vendido activos (un edificio, por ejemplo), forzado por la situación de la pandemia, quizás no se refleje una caída de operaciones de más del 30%, aunque la recaudación sí haya bajado más de ese porcentaje. Debería, pues, quedar claro que hablamos de los ingresos típicos, no de los atípicos».
"Se entiende por solvente, según ese Real Decreto Ley, aquella que en 2019 no tuvo pérdidas. Si tuvo caídas de ingresos en 2020 respecto a 2019 y además tuvo pérdidas en 2019, no entra. Es una criba»
Pero ojo, las ayudas sólo se percibirán si la empresa era solvente antes de la pandemia: «Se entiende por solvente, según ese Real Decreto Ley, aquella que en 2019 no tuvo pérdidas. Si tuvo caídas de ingresos en 2020 respecto a 2019 y además tuvo pérdidas en 2019, no entra. Es una criba». Roselló insiste en que «no por haber tenido pérdidas en 2019 una empresa es insolvente».
Por eso recomienda que se analice «el flujo neto de caja», que no incluye las amortizaciones: «Las amortizaciones pueden hacer la pirula en la contabilidad, pueden alterar su resultado. La banca no mira esto a veces, en lo que se fija es en el flujo neto de caja, en si generas o no ingresos». El vicepresidente de la CAEB cree que una fórmula idónea sería «hacer una media de los resultados de 2018 y 2019».
Enmendar el articulado
No obstante, Roselló cree que habría que modificar el Real Decreto Ley para enmendar esa parte del articulado. La Comunidad Autónoma, al publicar la convocatoria para distribuir el dinero que aporta el Estado, sí tendrá «un margen para decidir e interpretar, por ejemplo, qué se entiende por el volumen de operaciones, pero no lo tendrá para definir las pérdidas del 2019, algo que se refleja taxativamente en el Real Decreto».
Si el volumen de operaciones «se calcula con el IVA declarado, se puede incurrir en errores», advierte la CAEB
En el encuentro con Armengol, la CAEB recordó que el Real Decreto permite a la Comunidad Autónoma «aumentar el porcentaje de cobertura de pérdidas», por lo que instó a la presidenta a que «lo module un poco, para que se reciba algo más», no sólo el 40%. Además, Roselló hizo hincapié en que hay una disposición transitoria que matiza que en los requisitos para las condiciones de elegibilidad, el Consejo de Ministros podría establecer condiciones adicionales: «Eso es una amenaza, una letra pequeña posterior. Pedí que no hubiera sorpresas por ese lado, que no se sacasen de la manga nuevas condiciones».
Otro de los problemas que Roselló observa es que, al aplicarse la ley de subvenciones, «muchas empresas tendrán problemas si no están al corriente con la Seguridad Social y de sus obligaciones tributarias con Hacienda». Armengol indicó sobre este tema que «intentarían ayudar a través de los aplazamientos, pero es un tema difícilmente manejable», recalca el vicepresidente de la CAEB.
La presidenta del Govern subrayó en el encuentro que «no hay un reparto a priori entre islas de las ayudas». Es decir, no se ha asignado ni 12,4 millones a Formentera ni 144 a Ibiza: «Ese dinero es una aproximación, una previsión», avisa Roselló.
LA CLAVE
Javier Torres, de Ciudadanos: «Espero que no ocurra como con los ERTE»
El coordinador de Ciudadanos (Cs) en Ibiza y Formentera, Javier Torres, confía en que con las ayudas estatales «no ocurra como con los ERTE» cuando comenzaron a tramitarse y no queden excluidas empresas, tal y como sucedió entonces. Torres espera que la tramitación se lleve a cabo de una forma «muy ágil» porque es algo «crucial» para empresas con problemas de tesorería.
