Dentro del plan de ayudas directas del Estado para autónomos y empresas afectadas por la crisis económica derivada del covid está previsto que a Formentera lleguen hasta 12.420.000 euros, según avanzó ayer la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, junto con la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer. El número total de empresas beneficiarias podría ser de 554, de las cuales 300 serían autónomos, 227 empresas de menos de 10 trabajadores y 27 empresas de más de 10 trabajadores. El jarro de agua fría para las patronales llegó cuando la presidenta del Govern admitió que aún no hay fecha para la distribución del dinero, pero que no será antes de un mes.
Ferrer y el sector, con cuyos representantes patronales y sindicales se reunieron previamente, pidieron a la presidenta del Govern que «se tengan en cuenta la especificidad de Formentera para poder garantizar que todos los empresarios o autónomos que lo necesiten puedan solicitar las ayudas», y que «se haga de manera conjunta con el sector», insistió Ferrer.
Podrán acceder a estas ayudas todas las empresas y autónomos del sector de la hostelería y la restauración; las empresas con acceso a los ERTE ampliados, establecidos en el Real Decreto Ley 2/2021, y otros especialmente afectados por la pandemia, como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico y actividades relacionadas con la cultura y las actividades deportivas.
Para el resto de empresas, la Agencia Tributaria establece una pérdida mínima del 30% de la facturación en 2020 respecto al 2021
En total, son cerca de un centenar las actividades a las que podrán llegar los recursos. Irán destinados a cubrir los costes directos no atendidos o deuda financiera, entre marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021.
Los autónomos que no tributan por módulos y que no puedan confirmar la pérdida en la facturación por la crisis sanitaria, podrán recibir hasta 3.000 euros. Para el resto de empresas, la Agencia Tributaria establece una pérdida mínima del 30% de la facturación en 2019 respecto a 2020 y se establecen diferentes tramos por tipo de empresa y porcentaje de pérdidas hasta un máximo de 200.000 € por empresa. Estos límites podrán ser ampliados al alza, a criterio del Govern. Estas ayudas oscilarán entre 4.000 y 200.000 euros por empresa.
Las empresas receptoras no pueden tener su domicilio en un paraíso fiscal, ni estar en concurso ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud. Además, deben estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. No pueden repartir dividendos ni aumentar los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años y deberán mantener su actividad hasta junio de 2022. También se extienden hasta el 31 de diciembre las moratorias actuales, para que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo.
El presidente de la Pime, Pep Mayans, manifestó que estas ayudas son bienvenidas y «se complementan con las ya aprobadas por el Consell junto a los sectores sociales y económicos». Añadió que ahora les queda «un trabajo importante, mientras el Gobierno transfiere la cantidad asignada a Balears, para acordar unas bases que no dejen a nadie fuera e intentar que esas ayudas lleguen cuanto antes», manifestó Mayans.
Más de un mes de plazo
La presidenta del Govern no se atrevió a dar plazos para hacer efectivas estas ayudas. Armengol dijo que el que marca el Gobierno del Estado es de un mes y diez días para realizar las transferencias a las comunidades autónomas. Añadió que el Ejecutivo balear «ya trabaja en la convocatoria que será complicada y difícil de gestionar», debido a la importante suma que representa para Baleaers. «Una vez que tengamos los recursos, tendremos la convocatoria preparada para acceder a las ayudas, para que se puedan cobrar de la forma más ágil posible, no puedo dar fechas», dijo Armengol.
