El departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza multiplicó en 2020 por 11 la cuantía de los expedientes sancionadores abiertos por infracciones urbanísticas respecto a 2019, según consta en la memoria que esta mañana ha detallado el titular de esa conselleria, Mariano Juan, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la institución insular.
El pasado ejercicio, ese departamento tramitó expedientes cuyas sanciones se elevaban a 6.051.340 euros, un 1.008% más que los 546.000 euros de 2019. Se ha dado un paso de gigante en este sentido, pues en el año 2018 el valor de las sanciones sólo fue de 120.000 euros (ahora es 50 veces superior).
Juan ha explicado que ese incremento se debe a dos razones. En primer lugar, a que “se ha aumentado la eficacia” de esa conselleria. Segundo, a que se han centrado en las “infracciones más flagrantes y las de más cuantía”.
Esto último se nota en un simple aspecto: mientras en 2018 se tramitaron 69 expedientes de disciplina urbanística, tanto en 2019 como en 2020 fueron los mismos: 80. El 35% se encuentra en suelo rústico común, donde el Consell no tiene la competencia, y el expediente acaba finalmente en manos de los consistorios. El resto, el 65%, es suelo rústico protegido, donde la institución insular sí es competente. De ese porcentaje, el 40% corresponde a zonas que limitan con la costa.
“Nos hemos puesto al día en la tramitación de cédulas de habitabilidad"
Esa eficiencia de la que habla Juan también se constata en la concesión de cédulas de habitabilidad otorgadas el pasado año, 1.500, más del doble que en 2019 (732): “Nos hemos puesto al día”, asegura el conseller insular. Y a punto, afirma, de cumplir los plazos temporales legales para su tramitación.
En 2020 se resolvieron 85 expedientes urbanísticos en suelo rústico, 33 más que el año anterior, un 63% más. De ellos, 79, casi la totalidad, eran de viviendas: a 59 se les dio la autorización, pero a una veintena, no. Juan se mostró satisfecho por la “tendencia al alza del rendimiento de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico (Ciotupha)”, entre otras cosas porque “se reúne ahora más que antes” y porque, además, “se ha incorporado una plaza de arquitecto”. El pasado año se derruyeron, además, dos viviendas (una de ellas, una ampliación ilegal en Corona), lo cual es “un éxito”, según el conseller, dado que para llegar a ese momento hay que lidiar con contenciosos que eternizan el procedimiento.
Respecto a los expedientes por intrusismo abiertos, se ha pasado de los ocho de 2016 a los 52 de 2020, un 85,7% más que en 2019, y un 225% más que en 2018. De ellos se resolvieron 23 en 2020, el doble que en 2019 y tres veces más que en 2016: “Es evidente por estas cifras el impulso dado a este departamento”, señala Juan.
También en este caso se han incrementado notablemente la cuantía de las sanciones, que alcanzaron los 1.040.000 euros el pasado ejercicio, un 282% más que en 2019 y un 225% más que en 2018.
El departamento que lucha contra el intrusismo sancionó a 185 anuncios de "pisos piratas"
El departamento que lucha contra el intrusismo sancionó a 185 anuncios en 2020, de los que 164 fueron retirados de webs que alquilan viviendas turísticas sin permiso, “de pisos piratas” en plataformas como AirBnB. Hay 21 activos aún que han sido objeto de expediente sancionador.
Uno de los objetivos del Consell es luchar “contra las docenas y docenas de vallas ilegales”. Han decidido “atacar” primero las que hay en suelo rústico, por no ser legalizables, y es donde más impacto hay: se retiraron 100, el 54% de las cuales estaban en la carretera de Sant Antoni y el 34% en la del aeropuerto. Aún hay ocho por resolver en el entorno de esta última autovía. Además de las sanciones, el Consell impone multas coercitivas cuando el propietario no las retira.
