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La pandemia judicial de Ibiza

Los juzgados de Ibiza intentan funcionar de forma telemática, pero la falta de medios y de preparación lo hacen imposibleLa parálisis afecta gravemente a los casos de delitos leves, cuyas víctimas ven con impotencia cómo prescriben uno tras otro

El nuevo edificio de los juzgados de Ibiza

La palabra que define este año de pandemia en los juzgados de Ibiza es «decepción». «En este sector, a diferencia de la sanidad, por ejemplo, no hay héroes sin capa, aquí no puede haber foto de esfuerzo conjunto», resume un responsable. La pandemia ha sido la puntilla para un sector que en Ibiza nunca ha funcionado como sería deseable. Sabino Aramburu, del sindicato CSIF, recuerda que el 85% de los trabajadores del juzgado son interinos. Es decir, casi todos. «Ibiza es como la escuela en la que [los trabajadores] aprenden para después marcharse a su tierra en cuanto pueden», añade al respecto Josefa Juan, secretaria judicial coordinadora.

La justicia en la isla siempre ha sido lenta, y carente de medios. Han sido muchos años reclamando un nuevo edificio judicial en condiciones porque el viejo era pequeño e insalubre. Hay que sumar el incendio intencionado del 20 de enero de 2019, que paralizó la jurisdicción penal, dispersó los órganos judiciales por varias sedes y finalmente precipitó el cambio al nuevo edificio, lo que generó la protesta de algunos sectores, como los forenses, descontentos con el lugar que se les asignó.

Después, para rematar, llega el virus, que ha puesto de manifiesto la incapacidad del sector para organizarse de manera conjunta y trabajar de forma telemática: cada juzgado marca sus propias normas. El resultado son protestas, quejas, decepción de usuarios y profesionales, que en muchos casos prefieren hablar de forma anónima, como siempre.

El juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, entendió muy pronto la trascendencia de la pandemia y la necesidad de evitar contagios. A principios de marzo del año pasado, cuando aún no se habían impuesto restricciones en ningún edificio público de la isla, Torres colocó en la sede de los juzgados un cartel advirtiendo de que sólo se recibiría a quien no pudiera ser atendido por teléfono.

El covid ha puesto de manifiesto la incapacidad del sector para organizarse de manera conjunta y trabajar de forma telemática: cada juzgado marca sus propias normas

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A partir de entonces se intentó primar el trabajo telemático, pero ha sido decepcionante. Josefa Juan no puede decir cuántos funcionarios trabajan de manera telemática. «Es complicado saberlo», explica. Por su parte, el juez decano lamenta: «Quiero destacar como juez de Violencia Sobre la Mujer, y de una manera aséptica, mi absoluta decepción con la falta de medios, la falta de pantallas accesibles, la falta de sonidos ambientales, la falta de formación, la falta de implicación y la falta de criterios para avanzar en la transformación digital».

Presentación de detenidos

«Y quiero mostrar mi decepción, la que tengo derecho a expresar en un país libre, por la imposición, a la que siempre me opuse, de la presentación física de detenidos [en el juzgado de guardia], cuando la Policía y la Guardia Civil pidieron reiteradamente la presentación telemática, como establece la ley, aún más en plena tercera ola [de contagios]», añade.

No habido forma de evitar los traslados de detenidos de los calabozos al juzgado de guardia. «En plena era digital, ha sido imposible, decepcionante, lamentable, y peligroso por los contagios», dice un agente judicial.

El incendio

El incendio de 2019 paralizó la jurisdicción penal, pero según Josefa Juan este ámbito «poco a poco se ha ido recuperando». La coordinadora de la Fiscalía de Ibiza, María del Carmen Navarro, piensa lo mismo, «excepto por la pandemia», precisa la jefa de las fiscales ibicencas. Los acuerdos de conformidad se potencian, se intenta que salgan adelante para cerrar casos, pero son muchos los juicios que se suspenden por el virus, porque no se encuentra la forma de celebrarlos de forma telemática. Cada juzgado es soberano, y son muchos: cuatro de Instrucción, dos de lo Penal, cinco de Primera Instancia y uno de lo Social. «Estaría bien saber a qué atenerse, que hubiera una norma, porque cada juzgado hace lo que considera, advierte el abogado Joan Cerdà.

Juzgados de Ibiza

El juez decano asegura que ha intentado a toda costa potenciar el trabajo telemático, anteponiendo a cualquier otra circunstancia «la buena fe procesal». Está convencido de que «el teletrabajo ha venido para quedarse», pero se estrella contra el muro de la falta de medios y de preparación.

La suma del retraso atávico, más el incendio intencionado, que destruyó muchos expedientes de los juzgados de Instrucción 1 y 2, y después la irrupción de la pandemia, han generado en el partido judicial una situación algo deprimente.

Consecuencias de la parálisis

Síntoma de esta parálisis judicial es la prescripción de delitos leves. Es decir, denuncias por lesiones, amenazas y coacciones, por ejemplo, cuyas víctimas tienen que escuchar de sus abogados que su caso no prospera e incluso que ha prescrito, porque durante un año nadie en el juzgado ha movido un dedo. La Audiencia Provincial de Palma considera que esta parálisis ibicenca, consecuencia del incendio más la pandemia, no es motivo para aumentar el plazo de un año sin movimiento en los expedientes, y los casos prescriben, con la gravísima injusticia que eso supone para los denunciantes, víctimas de lesiones o amenazas.

Así lo explica desde Mallorca el presidente de la Audiencia, Diego Gómez-Reino: «La Audiencia decidió, partiendo de una interpretación de la norma penal en beneficio del reo y de una interpretación a la altura constitucional, puesto que hay un derecho fundamental comprometido, que la ley no distingue ningún supuesto como el de Ibiza para interrumpir la prescripción». No todos los magistrados que votaron lo entendieron igual, ya que no fue una decisión unánime: hubo tres votos particulares discordantes.

Abogados a favor y en contra

«La paralización del proceso por plazo superior a un año en procedimientos leves supone la prescripción de los delitos leves, y no distingue la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni el Código Penal supuestos en los que se pueda entender que esa paralización está justificada», trata de explicar el presidente de la Audiencia. «La audiencia decidió que el supuesto del incendio de Ibiza no había producido la interrupción del plazo y que, por tanto, se producía la prescripción», añade. Esta circunstancia tan injusta para las víctimas de los delitos tiene dos caras, a juicio del presidente de la Audiencia: «Entiendo que para algunos abogados, sobre todo para representantes de perjudicados, les haya supuesto un perjuicio y no estén conformes, pero habrá otro grupo de abogados, entiendo que los que defienden a los denunciados, que consideran que la decisión de la Audiencia es lógica».

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