Las expropiaciones temporales a grandes propietarios para destinar sus viviendas a alquiler social han provocado una conmoción en el sector inmobiliario de las islas. Los propietarios rechazan por excesiva la resolución firmada el martes por el conseller de Vivienda, Josep Marí Ribas, que inicia un largo proceso administrativo. Tampoco los inquilinos están satisfechos con una iniciativa de un alcance limitado, 56 viviendas en Balears, de las que 6 se levantan en Ibiza.

«Esta medida ya ha generado miedo. Hemos recibido llamadas de inversores nacionales y extranjeros asustados porque no saben si se les puede expropiar. Y lamentablemente les tenemos que decir que ahora existe esa posibilidad», valoró ayer Luis Martín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears.

Martín criticó que el Govern haya puesto el foco sobre bancos y sociedades de inversión (también llamados fondos buitre). «Precisamente ellos son quienes financian las nuevas promociones y atacándoles estás causando un gran perjuicio al sector y a la economía. Difícilmente van a seguir invirtiendo ahora que saben que lo que era inamovible es movible», lamentó Martín.

La expropiación de viviendas a grandes propietarios es una de las propuestas estrella recogida en la Ley de Vivienda balear aprobada en junio de 2018. A la redacción de esa normativa contribuyó el abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Víctor Cornell, que expresó su decepción por el limitado impacto de la resolución. «Es una vergüenza que después de tantos años anuncien que expropiarán 56 pisos cuando el Registro de viviendas vacías del Govern ha llegado a tener 1.300 [a día de hoy son cerca de ochocientas]. Es cierto que no todas están en condiciones para ser habitadas, pero se ha quedado en una cifra mínima», indicó este portavoz de la PAH, entidad que hace tiempo desvió el foco de los hipotecados a los inquilinos.

Cornell calificó de «positivo» que al menos se haya iniciado el proceso de las primeras expropiaciones, pero lamentó la «desidia» de la conselleria: «Les dimos un listado con 300 pisos vacíos de un fondo buitre para que los investigaran y ni nos dieron las gracias».

La resolución tampoco ha sido bien recibida en el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, aunque por diferentes motivos. «Tenemos una ley superior, que es la Constitución española, y defiende el derecho a propiedad privada. Claro que la vivienda hace función social, pero no puedes obligar a nadie a alquilar a un determinado precio. Es una medida populista que se puede volver contra otros sectores», indicó Natalia Bueno, presidenta del Coapi.

Críticas del PP y Ciudadanos

«Una medida populista al estilo de la Venezuela chavista». Así calificó el líder del PP balear, Biel Company, las expropiaciones a grandes propietarios. Asimismo, acusó a la presidenta Francina Armengol de llevar a cabo «una persecución a la propiedad privada».

Desde Ciudadanos, la portavoz del partido, Patricia Guasp, también criticó que «es una medida cosmética para contentar a sus socios populistas».