La UTE Accesos Ibiza, concesionaria de la autovía del aeropuerto, ha comunicado recientemente a la conselleria balear de Movilidad que finalmente retirará la tierra acumulada en dos fincas (la 56 y 59) de Fiesta Hotels&Resorts, del Grupo de Empresas Matutes, en Platja d’en Bossa, después de haber abonado por vía ejecutiva un total de 765.825 euros en dos sanciones (636.825 y 129.000 euros). «No sé si lo cumplirá, pero la constructora nos ha dicho que la va a retirar. Como no puede ser de otra manera, se tienen que cumplir las sentencias judiciales y las órdenes [de la conselleria]», indica el nuevo conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas.
Tras comprobar que de momento no se han iniciado los trabajos para evacuar los áridos, la conselleria ha remitido un requerimiento a la concesionaria para que en tres días le informe sobre qué actuaciones ha llevado a cabo y cómo ha planificado la retirada de la tierra en estas dos fincas.
Se trata de dos terrenos que se utilizaron como zona de acopio temporal de tierra durante las obras que quedaron fuera del pacto verbal, confirmado por el Tribunal Supremo, entre el Grupo de Empresas Matutes y la constructora para aprovechar la tierra extraída durante las obras (la autovía se construyó en trinchera) para el campo de golf que se proyectaba en Platja d’en Bossa.
Después de que los grupos ecologistas y la plataforma antiautopistas revelaran la existencia de este acuerdo, el Grupo de Empresas Matutes dio marcha atrás y reclamó, infructuosamente, en los juzgados la retirada de la tierra. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) sí condenó a la Comunitat Autònoma a evacuar la tierra en las dos fincas apuntadas (una, la 56, situada frente al hipódromo de Sant Jordi, en la zona en la que se construyó la balsa de drenaje, y la segunda, la 59, situada al este de la primera, detrás de las instalaciones de Aguamar) por estar al margen del pacto del golf. Además, el tribunal balear condenó al Govern a pagar un millón de euros para indemnizar a la propiedad.
Retirada de todos los áridos
El proyecto de la autovía preveía una ocupación temporal de tierra en un área de 46.000 metros cuadrados de Platja d’en Bossa, pero finalmente se extendieron en una superficie de 296.000 metros cuadrados de seis fincas, cuatro de ellas de Fiesta Hotels & Resorts.
Marí Ribas, sobre si exigirá ahora la retirada de las tierras, responde que «debe estudiar a fondo este tema»
Al ser preguntado sobre si la conselleria balear de Movilidad y Vivienda exigirá ahora, tras ponerse él al frente de su gestión, la retirada de toda la tierra de las autovías depositada en Platja d’en Bossa y no sólo las de las fincas 56 y 59, Marí Ribas responde que «debe estudiar a fondo este tema».
En abril de 2010, el entonces conseller balear de Obras Públicas, el socialista Jaume Carbonero, dictó una orden, ante la insistencia del Consell de Eivissa (del que era conseller insular Albert Prats), para forzar a la concesionaria a retirar la tierra de Platja d’en Bossa.
La UTE Accesos Ibiza recurrió, pero el TSJB lo rechazó y la orden de Carbonero devino firme. El tribunal balear destacó en ese momento que el depósito de tierra «sin expresa autorización del director de la obra» suponía «el incumplimiento del contrato e influía en el equilibrio económico financiero de la concesión» en favor de la constructora «al ahorrarse el coste del transporte» de los áridos a una cantera en vía de regeneración, tal como se especificaba en una de las cláusulas del pliego de condiciones de la contrata.
Pese a ello, la conselleria balear de Movilidad consideró que, aunque el tribunal balear confirmó que la orden de retirada era ajustada a Derecho, no dio ningún paso más para obligar a la concesionaria a cumplirla por la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba el pacto verbal entre la propiedad de los terrenos y la constructora de la autovía para aprovechar la tierra para el campo de golf proyectado. De hecho, la conselleria dio por válida esta situación al devolver la fianza de las obras a la UTE Accesos Ibiza.
Negocio con la tierra
Al menos desde 2015, una empresa retira y vende la tierra acumulada en los terrenos de la finca
Tal como publicó este diario, al menos desde 2015, una empresa homologada en el traslado y tratamiento de áridos retira y vende la tierra acumulada en los terrenos de la finca 52 del Grupo de Empresas Matutes donde se proyectaba el campo de golf (al oeste de la calle Gamba Roja) sin ningún permiso de la Administración (ver la información adjunta).
El Grupo de Empresas Matutes cerró un acuerdo con esta empresa para que retirara la tierra de su propiedad «a cambio de nada», según explicó hace algo más de cuatro años un portavoz de la propiedad. Por su parte, el empresario José Romero indicó entonces que el pacto gratuito con Matutes se debía a que «nadie» quitaba la tierra. «Yo asumo mucho trabajo al tener que moverla para pasarla por la criba», destacaba Romero, que apuntaba que dichos áridos se destinan a jardinería y otros usos.
Marí Ribas: "No puede ser que haya una actividad industrial sin licencia!
El nuevo conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, sostiene que «no puede ser» que en los terrenos del Grupo de Empresas Matutes de Platja d’en Bossa situados al oeste de la calle Gamba Roja (la finca 52), haya «una actividad comercial e industrial», con la salida diaria de camiones cargados de tierra. «Una cosa es la cuestión del cumplimiento del contrato y la sentencia y otro que haya una actividad industrial sin licencia municipal», agrega el ya exalcalde de Sant Josep, donde se desarrolla dicha actividad.
Marí Ribas asegura que este asunto «se debe abordar». «Le corresponde al Ayuntamiento. Recuerdo que lo hablamos no hace mucho para abordarlo y requerir las autorizaciones que se precisan, al menos de actividad de cantera, y que no se han presentado. Es un tema que está vivo y caliente, que se ha de tratar», destaca Marí Ribas.
Sin embargo, hace algo más de cuatro años el Ayuntamiento (Marí Ribas era el alcalde) atribuía al Govern balear la responsabilidad de autorizar esta actividad por estar vinculada a las obras de la autovía, mientras que, por su parte, la conselleria balear de Territorio y Transportes le pasaba la pelota al Consistorio al entender que la extracción y comercialización de la tierra debería estar sujeta a una licencia municipal.
