El hombre que fue detenido a principios de 2018 en Ibiza por, presuntamente, abusar sexualmente de la hija de su expareja se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel. El juicio, que lo celebrará en Palma la sección segunda de la Audiencia Provincial, esta previsto para el lunes, informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la noche de Reyes de hace tres años en un piso de Ibiza que el acusado compartía con la víctima, hija de su expareja, con la cual había convivido desde que era pequeña. Cuando ocurrieron los hechos, remarca la acusación, ella ya era mayor de edad.

Según la visión de la Fiscalía, el hombre no ejerció violencia o intimidación, ya que la acusación es de abuso y no de agresión sexual

La Fiscalía explica que el acusado se aprovechó de que estaba dormida en el sofá para «penetrarla vaginalmente». Fue sorprendido cuando ella despertó, continúa la Fiscalía, y le lanzó una botella para que depusiera su actitud. «[Ella] no sufrió lesiones, ni en superficie corporal ni en la región genital, pero necesitó asistencia psiquiátrica debido al estado de agitación en que se encontraba tras lo ocurrido», subraya el escrito del ministerio público.

La Fiscalía califica los hechos como abuso sexual (art. 181 del Código Penal, puntos 1, 2 y 4), ya que, supuestamente, y según esta visión, el acusado no empleó violencia o intimidación puesto que se aprovechó de que ella estaba dormida. En caso de que se considere que aprovecharse de una persona cuando duerme es un tipo de violencia, la acusación se elevaría hasta el grado de agresión sexual.

Según los hechos descritos en el escrito de la Fiscalía, como se trata de un presunto abuso sexual con penetración vaginal la pena de cárcel que se ha de imponer oscila entre los cuatro y los diez años, y en este caso el ministerio público reclama ocho. También pide una orden de prohibición de aproximación a la víctima a menos de 500 metros durante diez años. En cuanto a la indemnización en concepto de responsabilidad civil por los daños psicológicos infligidos, el ministerio público reclama 10.000 euros. Tras la denuncia, el acusado, que no tiene antecedentes penales computables, pasó dos días en el calabozo.