Al pormenorizado informe realizado por tres economistas académicos coordinados por la Universidad Pompeu Fabra sobre el descuento aéreo de los residentes en regiones no peninsulares siempre le acompañará el misterio. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, lo hace público con un año de atraso, es decir, ya está rancio —con una validez que se la lleva el viento ante el desplome actual del transporte aéreo por la pandemia—. Ha sido objeto de enfrentamientos en las cámaras parlamentarias por no facilitársele a representantes de Balears y Canarias. Para más inri, dos de los cuadros que forman parte del análisis se han borrado de la copia entregada a este diario. En lugar de la información figura un gigantesco «confidencial».
Uno de ellos es el de los datos relativos al precio medio y los traslados subvencionados en cada ruta y compañía aérea. Cuesta entender qué sentido tiene este veto del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuando es información con más de un año de antigüedad. Es decir, se puede deducir que tendrá poca influencia en las estrategias de las aerolíneas en cuanto a planificación de rutas o slots (franjas horarias por las que pagan en los aeropuertos por derechos de aterrizaje y despegue).
Por el contrario, sería un dato relevante para los usuarios del transporte aéreo que cabe dentro de su derecho como consumidores para tener información sobre las compañías con las que vuelan.
El otro cuadro que se ha vetado es en el que los académicos desglosan cuáles son las principales rutas dentro de la península antes y después del 16 de julio de 2018, fecha en la que se incrementó el descuento aéreo al 75%.
Sin rastro del informe
En octubre pasado el Ministerio, en una respuesta escrita al senador canario Fernando Clavijo, que había preguntado cuándo se daría a conocer este informe, se escudó en «limitaciones legales» y su «carácter restringido», tildándolo de «información reservada», por lo que no podía ser «cedida o comunicada a terceros». Ábalos aseguraba que era un encargo no «para publicarlo, sino para uso interno» de su departamento.
Un año antes la diputada balear del PP Margalida Prohens también lo reclamó, sin éxito.
Por otro lado, los economistas que han realizado el trabajo para el Ministerio aseguran que no encuentran «evidencia concluyente que ligue el aumento en las tarifas áreas con el incremento del subsidio en julio del 2018», lo que vendría a refrendar la postura defendida por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).
También deducen que por cada vuelo de ida y vuelta entre las islas (más Melilla) y la península con origen peninsular hecho por los residentes hay 7,2 vuelos de ida y vuelta a la península con origen en las islas.
Un dato que llama la atención de los académicos es «lo alto» que resulta que entre un tercio y un cuarto de los viajes de los residentes se inicien desde fuera de su supuesta residencia.
En dos páginas (en la imagen una de ellas) del informe de la Universidad Pompeu Fabra se sesga información.
