La Oficina Anticorrupción de Balears ha establecido un protocolo para proteger de posibles represalias a los funcionarios que denuncien prácticas corruptas. El BOIB publicó el sábado la norma para dar protección a «las personas denunciantes o alertadoras», que es como ley de la Oficina Anticorrupción denomina a quienes comunican «hechos o conductas presumiblemente fraudulentos o corruptos».
Los denunciantes podrán solicitar esta protección cuando su denuncia se refiera a instituciones o administraciones en las que presten servicios y siempre que su denuncia sea legítima, esté fundamentada y no responda a intereses espurios.
La Oficina Anticorrupción establece canales confidenciales para la formulación de denuncias y garantiza que preservará la confidencialidad de los denunciantes, excepto requerimiento judicial. La «persona alertadora» tendrá derecho a asesoramiento legal y a ser informada del inicio, archivo o resultado de las investigaciones derivadas de su denuncia.
Cuando crea que sufre riesgo de sufrir represalias, el denunciante puede pedir protección y la Oficina Anticorrupción analizará su caso y resolverá si le ampara en un máximo de dos meses. Si ya hubiera sufrido algún tipo de represalia como consecuencia de su denuncia, el organismo investigador podrá ordenar las actuaciones correctoras que considere.
