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El futuro de los vecinos del Don Pepe, en manos de los jueces

Los residentes desalojados del edificio siguen esperando a que el TSJB se pronuncie de una vez por todas acerca de la legalización del inmueble

Protesta de los vecinos del edificio Don Pepe en el Ayuntamiento de Sant Josep.

Protesta de los vecinos del edificio Don Pepe en el Ayuntamiento de Sant Josep. Toni Escobar

Los vecinos de las escaleras 1 y 2 del bloque A de los apartamentos Don Pepe siguen esperando, y desesperando, por la lentitud de la justicia. En concreto su destino depende de la decisión que tome la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB, que debe aclarar si Sant Josep puede o no otorgar licencia de obra mayor para asegurar la estructura del bloque completo, gravemente dañada, según los informes encargados por el Ayuntamiento. Según Sant Josep, este bloque, a diferencia del B, está fuera de ordenamiento, aunque los vecinos, que llevan décadas pagando los impuestos municipales, están en desacuerdo. El todavía alcalde, Josep Marí Ribas, se comprometió en septiembre a no recurrir la sentencia en caso de que el TSJB falle a favor de los vecinos. A estos, la lentitud de la sala de la Contencioso Administrativo, se les hace eterna.

La única novedad judicial es que los tribunales han dado luz verde al Ayuntamiento para que termine de apuntalar un apartamento de la escalera 1 cuyos propietarios no facilitaron la entrada a los técnicos.

El Ayuntamiento recordó esta semana que «los informes [sobre la situación de la estructura del inmueble] son poco esperanzadores y advierten de que las patologías graves [detectadas en las escaleras 1 y2] podrían estar extendidas a todo el edificio».

Declaración de ruina

La pesadilla de los vecinos es que la situación acabe desembocando en un expediente de declaración de ruina, y no quieren ni pensar lo que podría venir después. También permanecen en vilo por saber si, finalmente, la misma sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB les da la razón de forma definitiva y obliga al Ayuntamiento a pagar todos los gastos derivados del desalojo forzoso de los vecinos de la zona afectada por el mal estado de la estructura, lo cual se produjo en junio, a raíz del desplome de una parte de un techo en una de las habitaciones de una vivienda del bloque A.

Obras de apuntalamiento del inmueble, que según los técnicos corre riesgo de colapso. | DI

El Ayuntamiento corrió con estos gastos durante varios meses, pero finalmente dejó de pagar el realojamiento. A partir de ese momento comenzó una batalla judicial por este motivo que aún no ha terminado. Por un lado, dos de las familias desalojadas recurrieron ante el TSJ la decisión municipal de dejar de pagar y ganaron en primera instancia, pero Sant Josep recurrió, y el fallo cambió de sentido. La comunidad de propietarios también recurrió la decisión del Ayuntamiento, y el primer fallo les fue favorable.

Pero Sant Josep recurrió a su vez, y así están las cosas, a la espera de que el TSJ se pronuncie por ambas cuestiones: quién paga el realojamiento y, sobre todo, si la situación urbanística del inmueble permite o no su completa rehabilitación, por costosa que ésta resulte.

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