No es la primera vez que el primer teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Torres, de Proposta per Ibiza (PxE), critica la gestión del equipo de gobierno de Sant Antoni del que forma parte en coalición con el PP y Ciudadanos. Torres reprueba la gestión de los expedientes de las viviendas de madera de la zona de Can Germà que se están construyendo por silencio positivo ante la falta de respuesta del Ayuntamiento a la solicitud de licencia.
Los promotores son un grupo de médicos que crearon una cooperativa para desarrollar este proyecto, que, según explicó a este diario su presidente, Jesús González, «no tiene ningún carácter especulativo ni finalidad turística». «Son simplemente las casas donde pensamos vivir con nuestras familias para no tener que abandonar la isla e irnos a vivir fuera», explicó González.
Torres considera que es «inaceptable» que los cuatro expedientes vinculados a dos viviendas se iniciaran hace dos años y aún haya «dudas» sobre su legalidad. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Costa, afirmó a este diario que recientemente, poco antes del último pleno (en el que el PSOE presentó una moción de control sobre este asunto), encargó a un gabinete externo un informe urbanístico sobre estos expedientes. «Es incomprensible que aún no tengamos claro si estas casas se podían construir con silencio positivo, cuando los propietarios están a punto de irse a vivir a ellas. No debería haber pasado. Llegamos tarde», critica el socio de gobierno de PP y Ciudadanos.
«No hay que lavarse las manos»
«Hay que ser más diligentes porque podemos causar un perjuicio tanto a los promotores de las viviendas como al Ayuntamiento. La Administración no puede lavarse las manos. Hay que ser más responsables y ágiles», agrega Torres, que asegura que no pone en duda que los promotores actúen de «buena fe» y, precisamente por eso, en el caso de que, en realidad, los promotores no pudieran obtener permiso municipal para sus casas, casi construidas ya, «se les causaría un perjuicio muy grande». «Hay que velar por responder a las cosas en su momento», añade.
Torres asegura que este asunto ya se había hablado en el equipo de gobierno y que hace un tiempo advirtió de que se debía actuar, más aún después de que el pasado mes de octubre este diario publicara un reportaje sobre estas viviendas de madera.
El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Costa, explicó que se trata de «un suelo urbano» y que al tratarse, además, de viviendas prefabricadas, se puede considerar el silencio positivo. Sin embargo, Torres puntualiza que «nadie ha certificado que lo sean [prefabricadas]». Costa también dijo que las dos parcelas tienen la superficie suficiente para construir una casa en cada una.
Torres también recuerda que hay otros propietarios de la zona de Can Germà que esperan desde hace «más tiempo» la obtención de una licencia. «¿Deben actuar de la misma manera? No es la solución, sino ser más diligentes», insiste, al tiempo que señala que «no es excusa» la falta de personal en Urbanismo. En este sentido, el primer teniente de alcalde indica que esta solicitud de licencia y la decisión de ejecutar las obras por silencio positivo es «algo novedoso», por lo que se debería haber tenido en cuenta y actuar antes.
Por su parte, el segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Cs, quita hierro al asunto. «Es complicado. Los técnicos creen que es legal, pero para cerciorarnos se ha pedido un informe externo. Socialmente nadie las quiere, pero hay que asumir la legalidad». Reconoce que hay otras personas esperando desde hace tiempo una licencia, pero sostiene que «poco a poco» se está «desatascando» el área de Urbanismo tras la contratación de más personal.
